Sánchez intenta evitar que la crisis del 'sí es sí' haga metástasis y destruya la coalición

Los socios del bloque de investidura lanzaron el pasado martes un mensaje casi unánime a PSOE y Podemos: la reyerta en la que la se han sumergido a cuenta de la que estaba llamada a ser una de las leyes estrella de la legislatura eclipsa otros logros, desanima a los electores progresistas y solo tiene un beneficiario, la derecha, que ya empieza a frotarse las manos. Las dos partes lo saben y, sin embargo, entienden que ceder a la posición del contrario les resultaría en este caso aún más gravoso que moverse. Susto o muerte.

Sánchez lleva meses, desde que en noviembre comenzó el goteo (ya riada) de rebajas de penas para condenados por agresión sexual, recibiendo el aviso alarmado de los territorios sobre las consecuencias de la norma. El lunes decidió no seguir esperando a un acuerdo que no llegaba entre la ministra de Justicia, Pilar Llop, y la de Igualdad, Irene Montero, y registrar en el Congreso su propia propuesta de reforma. Una propuesta que ya está dispuesto a sacar adelante incluso recurriendo al PP.

A estas alturas, la fe de los socialistas en un giro de los acontecimientos que permita acercar posturas con sus socios es casi nula. Donde ellos ven un retoque «técnico» para elevar penas, Podemos aprecia un retroceso «al Código Penal de 'La Manada'». Aún aspiran a atraerse a otros aliados habituales, pero con los morados han tirado prácticamente la toalla. Y aun así, relativizan la situación. «Lo que nos ha ocurrido con esta ley es la excepción que confirma la regla, en todo lo demás hemos sido capaces de ponernos de acuerdo; unas veces, como en la ley trans cediendo nosotros y otras, como en la de bienestar animal, ellos», esgrimen en Ferraz.

La intensidad de la batalla y los reproches mutuos en los que han incurrido ambas partes esta semana llevaron a pensar, incluso en las filas del PSOE, que se estaba preparando el terreno para una ruptura estratégica, aunque ninguno quiera aparecer como el culpable. «Ellos buscan que sea Pedro el que los eche y nosotros que se vayan; todos hemos aprendido que el que rompe paga», señalaba ese jueves un diputado. Sin embargo, Sánchez descartó un día después, desde Bruselas, el divorcio y en su entorno aseguran que todo es mucho más simple.

«Nosotros no tenemos intención de confrontar. En ninguna planificación estratégica estaba tener que estar discutiendo sobre condenas a violadores, pero eso es gobernar: llevar a cabo tus planes y dar solución a los problemas sobrevenidos», dicen en el núcleo duro del Ejecutivo. Desde el Ministerio de la Presidencia, en el que se lleva la relación con los grupos parlamentarios, también se trata de quitar hierro a una discrepancia que está aún lejos de resolverse. Aunque fuentes de Podemos aseguran que aún no hay acuerdo, y que lleva en torno a dos semanas atascada en el Ministerio de Economía, los socialistas afirman que las diferencias sobre la ley de vivienda están ya encauzadas y que tampoco hay ya tensión por la reforma de la ley mordaza («El problema, en todo caso, lo tenemos con ERC y Bildu por las pelotas de goma», matizan).

Sobre la mesa queda ya poca agenda legislativa, pero todavía está pendiente la ley de familias, una de las prioridades de la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, y la segunda parte de la reforma de las pensiones, de la que depende el segundo desembolso del año de los fondos europeos. El hecho de tener aprobados ya los últimos Presupuestos de la legislatura y cerca de 200 leyes facilitaría 'a priori' que cada cual siga ahora su camino, pero en el PSOE cuestionan que ese movimiento sea práctico. «Esto no es 2019. Entonces se podía jugar con la ilusión de que podríamos gobernar en solitario; ahora todo el mundo sabe que si volvemos a gobernar será en coalición», subrayan.

En el ala socialista del Gobierno hay una intención clara de rebajar la tensión y darse un tiempo para que los ánimos se serenen antes de reabrir cualquier conversación con los morados sobre el 'sí es sí'. La negociación no está ya en manos de la ministra de Justicia, Pilar Llop, que el pasado martes desató las hostilidades con Podemos e inquietó a los suyos con una defensa de su propuesta que solo sirvió para generar más crispación interna. Sánchez confía en la solvencia técnica de la ministra, pero para la tarea política de enhebrar un acuerdo parlamentario ha delegado, una vez más, en el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la de Hacienda y número dos del PSOE, María Jesús Montero, que aún no han contactado con sus socios. Bajar el diapasón es una prioridad porque, pese a la voluntad de ir rápido, el debate de toma en consideración difícilmente podrá celebrarse antes de tres semanas (lo probable es incluso que coincida con el 8-M) y la tramitación aún puede alargarse otro mes.