Sánchez conjura el temor a una legislatura corta

La mejor prueba de que el Gobierno cree haber apuntalado su mandato es la propia remisión del proyecto de los Presupuestos al Congreso. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya había dejado claro que no daría ese paso, como hizo su predecesor Cristóbal Montoro, sin estar segura de sacarlos adelante en la Cámara. Ahora lo está. Aunque en la Moncloa mantienen cierta cautela. «Bien encauzado está, pero hasta el rabo...», dicen en el entorno del presidente.

Los vetos cruzados podrían hacer descarrilar el plan ideal para la parte socialista del Ejecutivo, que busca un apoyo transversal que ayude a centrar su imagen y retrate a la derecha. «Queremos unos presupuestos de país con todas las fuerzas que entiendan la excepcionalidad del momento y quieran arrimar el hombro», argumentan en el gabinete presidencial. Unidas Podemos, que ya se ha visto obligado a rebajar sus aspiraciones revolucionarias en el ejercicio de la realpolitik, no comparte el objetivo y está alineado con ERC y Bildu, que amenazan con borrarse de la ecuación si las cuentas se negocian con Ciudadanos.

Pero los socialistas creen que a la hora de la verdad todo puede ser más sencillo porque, en realidad, les vale con superar el debate de totalidad que tendrá lugar el 12 de noviembre, es decir, solo necesitan que las fuerzas que decidan presentar una enmienda contra todo el presupuesto no sumen mayoría absoluta. Y a partir de ahí, podrán abrir una negociación parcelada.

El hecho de que Inés Arrimadas haya optado por abandonar la vía de confrontación con el PSOE y busque ahora demostrar la utilidad de sus diez escaños ha situado a Sánchez en una posición ventajosa. Más aún desde que el PNV anunció que no tenía problema en pactar unas cuentas en las que también participe la formación liberal (que en su día hizo de la eliminación del Concierto un caballo de batalla). Ciudadanos despejó el miércoles la incógnita sobre su posición al comunicar que, para empezar a hablar, le valía el texto planteado por el Ejecutivo porque la anunciada subida del IRPF en las cuentas no afecta a las clases medias, en el impuesto de sociedades no se fija un suelo mínimo del 15%, no se sube el IVA de la educación concertada y la sanidad privada, y hay un compromiso de eliminar la subida del impuesto al diésel. Ni siquiera puso pegas a la regulación de los precios del alquiler, el más vistoso de los logros alcanzados por los de Pablo Iglesias en la negociación la ministra Montero.      

      

«Quizá resulte paradójico -apunta un diputado socialista- pero la posibilidad de pactar con Cs hace que podamos pactar con Esquerra porque, al contrario que en 2018, Esquerra no tiene ya la sartén por el mango para tumbar los Presupuestos con una enmienda de totalidad».

La votación de la prórroga por seis meses del estado de alarma tranquiliza al Gobierno. Una rotunda mayoría de 194 diputados (PSOE, UP, ERC, Cs, PNV, los regionalistas y nacionalistas que optaron por el 'sí' en la investidura y, la gran novedad, cuatro diputados del PdeCAT) avalaron la medida. Es la foto que desea repetir.

En las filas socialistas no niegan que los independentistas vayan a pretender hablar de amnistía de los presos del 1-O como moneda de cambio. En septiembre, para allanar el terreno al acuerdo, el Gobierno ya anunció su intención de tramitar las peticiones de indultos y acometer la polémica reforma del delito de sedición para rebajar sus penas. Pero también creen que ahora Esquerra se siente menos presionada que antes en esa materia. «Se han dado cuenta de que para ganar elecciones, para que el 14 de febrero no les pase lo de siempre -dice un dirigente del PSC- tienen que tener un discurso propio y presentarse como un partido de Gobierno que consigue cosas para los ciudadanos».

La fractura en JxCAT es otro elemento favorable. Los diputados del PdeCAT, la mitad del grupo parlamentario, ya no se sienten concernidos por la estrategia dictada por Carles Puigdemont y, según los socialistas, eso ya se ve en el día a día de las comisiones. «Han vuelto a la vieja tradición convergente pujolista y son más proclives a facilitar la gobernabilidad». A todo lo anterior, Sánchez suma una baza fundamental: la enorme necesidad de recursos públicos que ha generado la crisis de la covid en todas las comunidades. El presidente del Gobierno aseguró este lunes a los presidentes autonómicos que dejará en sus manos el 50% de los fondos de ayuda europeos y 27.000 millones han sido consignados en los PGE. Las cuentas no son estrictamente necesarias para su gestión pero el Ejecutivo insiste en que ayudarán a vehicularlas. Y todos quieren su parte.