Sánchez busca ya el encaje de la reforma de la malversación que demanda ERC

Fue el propio presidente del Gobierno el que ayer apuntó en esa dirección durante una conversación informal con periodistas durante la recepción ofrecida en el Congreso por el Día de la Constitución. Sánchez confirmó que espera este viernes una enmienda de ERC a la proposición de ley que hace unas semanas registraron en la Cámara baja el PSOE y Unidas Podemos tras una negociación discreta y paralela a la de los Presupuestos con los republicanos. Y se abrió a apoyarla bajo una condición: que no implique «ningún retroceso en materia de regeneración democrática» y que, por lo tanto, no tenga como consecuencia una rebaja de condenas para casos de «corrupción política».

Esa es una cuestión que preocupa especialmente a los socialistas y que no todos ven tan fácil de cumplir. Algunos apelan a la experiencia de la ley del 'solo el sí es sí' para advertir de los posibles efectos colaterales e indeseados de un cambio del Código Penal que afecte a un asunto tan sensible. Es cierto que cuando en 2015 el Prtido Popular endureció la ley para agrupar bajo un mismo epígrafe –el de la malversación– la apropiación indebida y la administración desleal (que no implica ánimo de lucro propio o de terceros), los socialistas ya presentaron una enmienda que distinguía el castigo adjudicable a uno y otro comportamiento. Pero ahora hay temor a volver a adentrarse en ese terreno.

El jefe del Ejecutivo esgrimió que en el «derecho comparado» se pueden encontrar fórmulas que vayan en el sentido demandado por sus socios de legislatura. Fuentes del Ministerio de Presidencia apuntan en concreto a los códigos penales de Francia, Italia y Portugal. En este caso, al contrario que en la sedición, no se apela al caso alemán que inspiró precisamente la modificación de la malversación llevada a cabo por los populares dentro de una reforma más amplia, la que introdujo la polémica prisión permanente revisable en el ordenamiento español.

A la espera del texto que pueda presentar ERC, en el Gobierno plantean la siguiente hipótesis: «Pensemos en un alcalde que recibe fondos europeos para digitalizar su ayuntamiento y destina esos recursos a pagar nóminas porque su consistorio no tiene dinero. Eso no sería corrupción. ¿Tiene sentido penar a ese alcalde igual que a Luis Bárcenas (el extesorero del PP condenado por el 'caso Gürtel'?», esgrimen en el Ejecutivo. El ejemplo resulta, sin embargo, poco esclarecedor, porque en el caso de los condenados y enjuiciados por el 'procés' el dinero público no se destinó a gastos ordinarios no presupuestados sino a financiar un referéndum que había sido prohibido por el Tribunal Constitucional.

En lo que también insisten fuentes gubernamentales es en que la eventual reforma de la malversación se acotaría de tal manera que tampoco permitirá que puedan beneficiarse de ella condenados por los ERE como el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, a pesar de que el propio jefe del Ejecutivo ha defendido en numerosas ocasiones que su comportamiento no puede catalogarse en ningún caso como corrupción porque no se enriqueció personalmente.

Sánchez tiene asumido que cambiar la ley para favorecer a un político de su propio partido sería mal entendido. En cambio, ayer insistió en que sus gestos hacia el secesionismo catalán, del que depende para garantizarse la gobernabilidad presente y futura, no solo no tendrán coste –algo que no comparte una parte no menor del PSOE–, sino que será premiada en las urnas. Es más, afirmó que Cataluña será uno de sus principales «activos». «Heredamos una situación muy compleja. Dimos pasos muy importantes con las medidas de gracia (el indulto parcial a los líderes del 'procés') y con esto –se reafirmó– vamos definitivamente ya a abrir una nueva etapa en Cataluña, más política».