Sánchez avisa de que aprobará la ley de la vivienda pese al rechazo del CGPJ

El CGPJ, en funciones desde hace ya más de tres años, rechazó el pasado viernes la propuesta de informe favorable que había presentado el vocal progresista Álvaro Cuesta a una de las iniciativas estrella del Ejecutivo de coalición; un texto, largamente discutido y peleado entre los socios, que, entre otras cosas, pretende poner tope por primera vez al precio del alquiler en aquellas zonas que sean declaradas «tensionadas». Se espera que el próximo 27 de enero el pleno debata el informe de los nuevos ponentes, el conservador José Antonio Ballestero, elegido a propuesta del PP, y Enrique Lucas, designado a propuesta del PNV y autor de la enmienda a la totalidad que tumbó el informe de Cuesta.

Unidas Podemos, que siempre ha hecho bandera de este asunto, cargó de inmediato contra la decisión del órgano de gobierno de los jueces, al que llegó a tildar de «defensor de los grandes propietarios de vivienda». Este lunes, la portavoz de la formación, Alejandra Jacinto, le acusó de «extralimitarse» y cuestionó su imparcialidad.

El ala socialista del Ejecutivo comparte el malestar con el actual consejo que, a su juicio, no se limita a hacer apuntes procesales y está decidido a marcar la acción gubernamental. Pero no lo exteriorizará. Los informes del CGPJ sobre determinadas anteproyectos de ley son preceptivos, y por eso sin ellos no es posible que el Consejo de Ministros los convierta en proyecto y los remita a las Cortes (lo que forzó este último retraso), pero no vinculantes. No es infrecuente pues que el Ejecutivo de turno opte por desoírlos siquiera parcialmente.

Sánchez, como antes había hecho la portavoz del Consejo de Ministros, Isabel Rodríguez, manifestó -durante una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán, Olaf Scholz, en la Moncloa- su «absoluto» respeto a la opinión que finalmente pueda emitir el Poder Judicial, pendiente de renovación desde diciembre de 2018 por la falta de acuerdo entre PSOE y PP. También aseguró que estudiará las «cuestiones técnicas» que éste pueda plantearle. Pero nada más.

«Entremos en el debate de fondo –argumentó para defender su intención de desoír un informe que ya se prevé negativo–: las fórmulas que hemos tenido en estos 40 años de democracia para garantizar un acceso digno a la vivienda a amplias capas de la población no han sido suficientes y el Gobierno de España comparte con la mayoría de ciudadanos, de izquierda o de derecha, la necesidad de un mayor compromiso desde lo público para hacer que el artículo 47 de la Constitución se convierta un derecho real a una vivienda digna».

Entre las cuestiones planteadas en la enmienda a la totalidad del primer informe del CGPJ se afirmaba que la ley de vivienda trata de imponer un modelo de «intensa intervención pública» que hace «irreconocible» la configuración del derecho de propiedad y que planteará problemas de seguridad jurídica. La enmienda fue respaldada, además de por el presidente, Carlos Lesmes, y todos los vocales conservadores, por las progresistas Roser Bach y Victoria Cinto, lo que da una pista de por dónde puede ir la futura recomendación.

Frente a ese aviso a navegantes, Sánchez fue claro, pero más lo son en su entorno. «No nos va a despistar de nuestro objetivo de convertir la vivienda en quinto pilar del Estado del bienestar», dicen fuentes de la Moncloa. Este martes, por lo pronto, se aprobará el plan estatal de vivienda que recoge otras iniciativas como el bono joven o la ley de arquitectura y calidad del entorno.