Sánchez afronta un 'otoño caliente' con una cargada agenda legislativa

Uno de los exámenes más difíciles a los que el Gobierno se deberá enfrentar este 'otoño caliente' serán los Presupuestos Generales del Estado, que servirán además de «prueba del algodón» para la coalición. En la cúpula de Unidas Podemos asumen ya que tendrán que tragar el sapo del aumento del gasto destinado a Defensa pero subirán el listón y tratarán de apuntalar en la negociación todas las medidas sociales para dar su visto bueno a las últimas cuentas públicas antes de las elecciones generales. Ya lo dijo la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra: «El Gobierno se juega su reelección con los Presupuestos de 2023».

Los morados pondrán sobre la mesa el desbloqueo «inmediato» de la ley de familias para desplegar, entre otras medidas, una renta universal por crianza y la ampliación a seis meses de los permisos de maternidad y paternidad, y la ley de vivienda, que lleva atascada cuatro meses en la Cámara baja a la espera de que la Comisión de Transporte, presidida por los socialistas, reactive los trabajos a la vuelta del verano.

Una vez que se cierre el informe de la ponencia será el pleno quien afronte el último debate de la ley por el Derecho a la Vivienda antes de su remisión al Senado. Todo apunta a que las negociaciones con Esquerra y EH Bildu, que aprobaron con muchas reticencias su tramitación el pasado 1 de febrero, serán arduas. Pese a ese apoyo inicial, ambas formaciones reclamaron modificaciones sustanciales en la norma ya que, a su entender, supone una invasión de competencias autonómicas, dado que regula ciertos aspectos, como son la vivienda, que están cedidos a las comunidades.

Unidas Podemos pondrá, además, como requisito para sentarse a negociar el proyecto presupuestario -que Moncloa espera poder enviar a las Cortes a finales de septiembre-, la derogación de la 'ley mordaza'. La norma, de la etapa de Mariano Rajoy y que fue recurrida por los socialistas ante el Tribunal Constitucional antes de su entrada en vigor, sobrevive porque el Ejecutivo y sus socios están enfrascados desde el 2020 en discusiones interminables sobre borradores en ponencia, sin siquiera haber tratado la cuestión en comisión.

Las conversaciones para amarrar los apoyos a las cuentas de 2023 discurrirán de manera paralela a la de la proposición de ley que crea un gravamen para los bancos y otro para las energéticas, para la que Sánchez necesitará apoyarse de nuevo en sus socios de investidura, sin tener aún todos los respaldos garantizados, bajo el paraguas del contexto de máxima incertidumbre internacional y con la guerra en Ucrania aún latente. Socialistas y morados confían en recaudar 7.000 millones en los próximos dos años.

Con la etiqueta de «prioridad» entrarán en el Congreso la nueva ley de industria y la de movilidad sostenible, que junto a los Presupuestos y la batería de propuestas para el ahorro energético, forman el cuadrante legislativo económico de más calado del Gobierno. En esa batería de iniciativas se encuentra la Ley por la que se Actúa sobre la Retribución del CO2 no Emitido del Mercado Eléctrico, que figura entre las acordadas por socialistas y morados en el acuerdo de coalición, y la ley que crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, pendientes ambas de concluir su tramitación parlamentaria y cuya entrada en vigor no se prevé hasta ya entrado el otoño.

La pugna electoral hará aflorar la necesidad del PSOE y Podemos de marcar impronta en el apartado de derechos civiles y tratarán de sacar adelante en los dos periodos de sesiones que quedan (de septiembre a diciembre de este año y de febrero a junio de 2023) la reforma de la ley del aborto; la ley para abolir la prostitución, que dividió al Gobierno; la normativa contra la discriminación racial o la ley trans.

A la espera de su aprobación en pleno se ha quedado la ley de regulación del juego o la del sector ferroviario, y la del fondo de compensación de las víctimas del amianto está pendiente de su entrada en el Senado para encarar la recta final para su aprobación definitiva. También la modificación del voto rogado (el sistema por el que los españoles residentes en el extranjero pueden votar) vive sus últimos compases parlamentarios y estará justo a tiempo para el ciclo electoral que comienza la próxima primavera. El dictamen de la Ley de Memoria Democrática, que se aprobó casi al toque de campana en el último pleno de julio, comienza también ahora su andadura en el Senado.

Aunque el Gobierno sabe que la mayoría parlamentaria que necesita para viajar por el nuevo curso con relativa calma se encuentra en las fuerzas progresistas, sabe también que algunas leyes estelares que tiene en cartera podrían requerir el apoyo del PPartido Popular. Es el caso de la normativa sobre seguridad nacional y la nueva de secretos oficiales, que no convencen ni a Podemos ni a algunos aliados parlamentarios como Esquerra, PNV o EH Bildu.