Rovira participó en el diseño de un referéndum 'on line' como plan B

Los atestados de la Unidad de Policía Judicial de la VII Zona de la Guardia Civil revelan que Rovira, junto a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, se reunieron el pasado 16 de agosto en el Palacio de Pedralbes con un empresario informático de la Comunidad Valenciana y con un técnico barcelonés para analizar la posibilidad de poner en marcha una sistema para llevar a cabo el referéndum de forma totalmente «telemática» pero con todas las «garantías legales». La secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya participó en ese encuentro a pesar de no tener ninguna responsabilidad institucional.

En esa cumbre, en la que participaron otra quincena de personas, entre ellas el exconsejero de Justicia Carles Mundó y el exconsejero de Gobernación Xavier Vendrell, la propia Rovira se interesó por la posibilidad de que esta aplicación pudiera ser usada tanto para el voto de los residentes como el de los expatriados. Durante esa reunión, el empresario castellonense Vicente Nos (dueño de la compañía Bloockroot Sadcv) y el técnico Quim Franquesa garantizaron a los responsables del PDeCAT y de ERC que el proyecto era viable, a pesar de que quedaban solo 45 días para la fecha de la consulta.

Según detalla la Guardia Civil, Nos y Franquesa propusieron a la Generalitat y a los responsables del núcleo duro del referéndum ilegal poner en marcha un sistema de «voto electrónico» basado en «contratos inteligentes» entre los electores y la administración a través de una conocida aplicación (Ethereum), que sería la que «garantizaría la identificación» correcta de los electores, que recibirían una «papeleta para votar 'on line'». De haberse implementado este sistema, explican expertos informáticos del instituto armado, hubiera sido imposible bloquear el referéndum, ya que la plataforma Ethereum, que también comercializa una moneda propia, es totalmente inviolable. Ni siquiera con orden judicial.

Rovira y los entonces presidente y vicepresidente de la Generalitat salieron tan satisfechos del encuentro con Nos y Franquesa que dieron luz verde al proyecto, a pesar de que el empresario no tenía ninguna experiencia previa en votaciones electrónicas y que el segundo solo era un universitario de Ciencias Sociales que trabajaba en un proyecto de una web para sufragios en ayuntamientos.

El estudiante, que solo se había reunido antes dos o tres veces con el empresario, fue contactado solo días después del encuentro en el Palacio de Pedralbes por 'Jordi', el mediador de la Generalitat que le había conseguido la reunión con el president.

Quim Franquesa, según reconoció en sus declaraciones ante la Guardia Civil, presentó un presupuesto de 500.000 euros para poner en marcha el plan. La Generalitat, verbalmente, dijo que 'sí' y el estudiante experto en votaciones populares 'on line' llegó a reunirse solo días después con los técnicos del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), el corazón tecnológico de la Generalitat. Los expertos de esta institución, que ha aparecido ya en multitud de ocasiones en los atestados sobre la preparación del referéndum ilegal, fueron los más reticentes, «ya que no lo veían claro porque no es un sistema habitual y pensaba que había cierto riesgo».

Sea como fuere, la Generalitat no terminó de decidirse y de entregar la cantidad por lo que el tiempo fue pasando. Franquesa confesó a la Guardia Civil, que poco antes de que el Tribunal Constitucional declarara ilegal la consulta, él tiró la toalla porque no había tenido una respuesta oficial a su proyecto y ya era materialmente imposible poner en marcha el sistema por falta de tiempo.

El empresario Nos también hizo por desvincularse del proyecto ante los agentes. Afirmó que en un principio no supo que se trataba de un sistema para el referéndum sobre la independencia y que luego pensó que solo era para gestionar el voto del censo exterior. El emprendor castellonense explicó a la Guardia Civil que se retiró del proyecto en cuanto supo por «distintas publicaciones» que el «trabajo» podía ser «ilegal».

La participación de Rovira en este sistema para esquivar la prohibición del Constitucional es uno de los indicios que la Fiscalía valora presentar contra ella ante el Tribunal Supremo.