El PSC reduce el coste de derogar sedición con la negociación de las cuentas catalanas

Los de Illa se juegan mucho en las elecciones municipales de mayo, sobre todo por la posibilidad de recuperar la alcaldía de Barcelona, y además está en disputa la hegemonía política en Cataluña.

En ambos casos, los dos contendientes son ERC y PSC, de ahí que los socialistas hayan apretado el puño en la negociación de las cuentas catalanas. Aragonès empezó relegando a los socialistas catalanes pero ha acabado por admitir que son casi los únicos que le pueden ayudar, tras su divorcio con Junts. No obstante, tanto PSC como Junts mantienen las conversaciones.

Los socialistas catalanes tienen asumido que han tenido que pagar un coste político muy caro con la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación y ahora entienden que es ERC quien tiene que ceder, un sapo duro de tragar, ya que el PSC aún es para muchos dirigentes republicanos, entre ellos Oriol Junqueras, el partido que apoyó la represión, el 155 y que nunca fue a visitarle a la cárcel.

Pero así son los nuevos tiempos de la política catalana, en que antiguos adversarios que parecían irreconciliables negocian ahora tanto en Madrid, como en Barcelona, aunque se miren con mucho recelo. Salvador Illa, de hecho, aboga por apoyar las cuentas catalanas (tendió la mano en el mes de agosto), si bien su objetivo es desbancar a Pere Aragonès de la presidencia de la Generalitat. En la negociación presupuestaria, los de Illa están tratando de que se visualice la debilidad del Govern de Aragonès, que gobierna en solitario tras la ruptura con Junts hace tres meses. En el ánimo socialista está también conformar una nueva alianza entre bloques antagónicos para consolidar la división en el nacionalismo y presentarse ante su electorado como una opción responsable con la gobernabilidad.

Aragonès, por tanto, tendrá que ceder si quiere contar con los 33 diputados del PSC (los mismos que tiene ERC). Illa ha planteado la negociación presupuestaria como un «todo o nada». Un órdago, como los que suelen lanzar los independentistas, que escuece en las filas republicanas. En el Govern, acusan a los socialistas de querer «dilatar por dilatar» las negociaciones e insisten en que ya hay acuerdo y que la semana que viene podría cerrarse. Los socialistas lo niegan. Buscan marcar perfil propio.

Y han complicado las conversaciones, al incluir en el paquete de exigencias cuestiones ajenas a las partidas que integran las cuentas de la Generalitat. Son contrapartidas políticas, como las que exigió ERC cuando negoció con el Gobierno los Presupuestos Generales del Estado. El Govern se resiste de momento a incluirlo todo en las negociaciones. Hay cuestiones políticas y de modelo económico.

Por un lado, los socialistas reclaman despolitizar el CEO (el CIScatalán) y que este pase a depender del Parlament y no de Presidencia, así como frenar la apertura de delegaciones de la Generalitat en el exterior. Además, exigen un compromiso explícito con que el Govern no impulsará un referéndum unilateral, como el que Junqueras sigue sin descartar. «La Generalitat garantizará su compromiso con la seguridad jurídica, con respeto al marco legal vigente y no incorporando al presupuesto ninguna partida que lo contravenga», según el documento que el PSC trasladó al Govern.

Los socialistas reclaman asimismo el visto bueno a la ampliación del aeropuerto del Prat, la aprobación del macroproyecto turístico del Hard Rock en Tarragona, junto a Port Aventura, o el cuarto cinturón de Barcelona, proyectos a los que ERC se ha opuesto de manera tajante. Los comunes rechazan, por su parte, estos proyectos, por lo que amenazan con romper el acuerdo suscrito con el Govern para aprobar los presupuestos, lo que se dice desvestir a un santo para vestir a otro.