PSC, Cs y PP reclamarán un dictamen sobre el fondo del Govern

El PSC, Ciudadanos y el PP anunciaron hoy que reclamarán un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias, órgano autonómico que vela por la constitucionalidad de las decisiones del Govern y el Parlament, para aclarar dudas y saber si es legal el fondo creado por el Govern para avalar las fianzas que el Tribunal de Cuentas exige a 34 dirigentes independentistas.

«Es importante aclarar si se ajusta a la legalidad», afirmó el líder del PSC, Salvador Illa. «Si es legal, no tenemos ningún inconveniente en convalidarlo» en el Parlament, añadió. El jefe de la oposición confirmó que el Gobierno central también está comprobando con sus servicios jurídicos si se ajusta a la legalidad.

El martes pasado, el Govern aprobó un decreto ley, que aún tendrá que ser validado en la Cámara catalana, según el cual crea un fondo de diez millones de euros destinado a avalar la fianza de 5,4 millones que tienen que depositar 34 dirigentes del 'procés' y exaltos cargos del Govern por supuesta malversación de fondos públicos en la promoción internacional del desafío secesionista entre 2011 y 2017. El Govern asegura que no es un aval directo a los encausados, sino que sirve de garantía para otro aval que los investigados deberán pedir a una entidad financiera. Algunos medios apuntan que el Govern no ha encontrado aún ese banco que se avenga a respaldar a los encausados.

El dictamen lo han solicitado por separado los socialistas, por un lado, y Ciudadanos y el PP, por otro. Según Carlos Carrizosa, portavoz naranja en la Cámara catalana, la Generalitat «se saca de la manga un decretazo manifiestamente inconstitucional para privilegiar a los políticos que han dilapidado dinero público de todos los catalanes para fines partidistas». «La única necesidad extraordinaria y urgente que explica este decreto son las prisas del Govern por favorecer a sus amiguetes frente al plazo dado por el Tribunal de Cuentas para que paguen sus fianzas».

Este plazo es el 21 de julio. Si los 34 ex altos cargos no depositan los 5,4 millones entre todos, se les embargarán las cuentas o las viviendas. Algunos de los investigados ya han presentado sus recursos contra la fianza reclamada. Es el caso de Carles Puigdemont o Artur Mas.

El Gobierno, entretanto, gana tiempo mientras estudia el decreto. No ha descartado el recurso al Constitucional y sopesa negociar el decreto para adecuarlo a la legalidad.

• Temas
• Carles Puigdemont