Puigdemont traba las negociaciones con Sánchez al negarse a renunciar a otro 'procés'

El último asunto es clave. Los socialistas llevan días insistiendo en que el proyecto que tienen en mente va mucho más allá de una amnistía para los encausados del 'procés' y que de lo que se trata es de desarrollar un programa de avances sociales. A nadie se le escapa, sin embargo, que, sin una ley que haga borrón y cuenta nueva respecto a los delitos cometidos por cargos independentistas en 2017, Junts no hará ni un movimiento y la legislatura no echará a andar. El PSOE pretende que los postconvergentes renuncien a un compromiso para la celebración de un referéndum y al recurso a la vía unilateral para alcanzar la independencia. Pero como dejó claro este viernes su portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, tras reunirse con Sánchez, la formación independentista aún no está ahí. Y en esa resistencia abundó ayer el propio Carles Puigdemont, con Oriol Junqueras tratando casi a la par de marcar su terreno ante un candidato a la reelección que siguió mostrándose confiado en un mitin en Mérida pero constatando «la complejidad» de forjar su investidura.

Puigdemont quiso airear que mantiene vivas las condiciones fjadas en Bruselas el 5 de septiembre por la vía de reproducir literalmente en las redes sociales un significativo párrafo de aquella conferencia. Ese en el que constata, entonces y ahora, que «España tiene un dilema de resolución compleja»: o va de nuevo a unas elecciones con el riesgo de que el contexto siga más o menos igual o pacta con un partido –el suyo– que preserva «la legitimidad» del referéndum ilegal del 1-O y que «no ha renunciado ni renunciará a la unilateralidad como recurso» también «legítimo para hacer valer sus derechos».

Junqueras no fue tan lejos en la amenaza en el mensaje que lanzó ayer por el mismo cauce, pero sí se explayó en la misma línea argumental que tanto complica el borrado del 'procés': la ausencia de cualquier asunción de que los encausados incumplieron la ley. Antes al contrario, el presidente de ERC aprovechó el cuarto aniversario, que se cumplía este sábado, de la condena que les impuso el Supremo a él y el resto de los políticos presos para reiterar que no solo «nada» fue delito, sino que «la persecución no ha cesado» contra el independentismo. Junqueras reivindicó como «imprescindible» la amnistía no para zanjar el pleito con el Estado y sí para «poder negociar en igualdad de condiciones» el asunto medular; eso es, «cómo Cataluña ejerce su derecho de autodeterminación».

En Moncloa consideran fundamental que singularmente Carles Puigdemont y los suyos hagan algún gesto no solo para que la opinión pública pueda digerir más fácilmente el triple salto mortal en el que se han embarcado con la amnistía que el presidente negaba, sino porque son conscientes de que, de aprobarse, la norma acabará llegando al Tribunal Constitucional. El PP ya ha anunciado un recurso, pero, además, es probable que los tribunales y juzgados repercutidos eleven cuestiones de inconstitucionalidad.

Esa convicción exige, a su juicio, que en la exposición de motivos de la futura ley quede claro que los hechos delictivos en los que incurrieron sus beneficiarios son una «página pasada». Y en el núcleo duro del equipo negociador socialista admiten que aún no saben «hasta dónde» se va a poder llegar con el expresidente de la Generalitat, prófugo desde hace seis años. Entre otras cosas porque, reconocen, entre el PSOE y Junts pesa aún una enorme desconfianza. «Ni ellos se fían de nosotros ni nosotros de ellos», asumen.

En medio ha aflorado las renovadas pulsiones radicales de ERC, presionada a su vez por la competencia electoral con Junts. Los de Junqueras aceptaron en 2019, en la alianza que facilitó la investidura de Sánchez, que la exigencia de un referéndum quedara diluida en una fórmula ambigua, según la cual debían buscarse acuerdos «que cuenten con un apoyo amplio de la sociedad catalana» para, en su caso, someterlos «a consulta a la ciudadanía» conforme a «los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico político». El PSOE siempre defendió que no pensaba en nada distinto del refrendo de una reforma estatutaria que ahora tampoco ve viable.

Los socialistas también subrayan de ese texto de 2019 el compromiso a que todos los pasos que se den tengan «seguridad jurídica» algo que ya recogía el acuerdo de Pedralbes con el Govern de Quim Torra el año anterior y que el Ejecutivo equipara al compromiso de respetar la Constitución. Los socialistas confían en que la actitud de Junts no acabe también contaminando a los republicanos, lo que en buena medida explica el gesto del presidente del Gobierno de llamar personalmente el miércoles a Oriol Junqueras; y tratan de quitar hierro a que ERC se haya negado ya a un pacto que abarque toda la legislatura.

Ahora, después de una semana de contactos públicos que, en realidad, formaban más parte del teatro de la política que de negociaciones efectivas –estas comenzaron mucho antes de que Sánchez fuera ungido candidato por el Rey–, el PSOE volverá a las llamadas y encuentros bajo radar con los grupos y circunscritos al «ámbito de la discreción».