PSOE y PP se atrincheran en el Congreso por el impuesto a eléctricas y banca

Era la medida estrella con la que Pedro Sánchez escenificó un giro a la izquierda en el debate sobre el estado de la nación para tratar de enderezar las encuestas tras el batacazo socialista en las elecciones andaluzas y con la que Moncloa espera recaudar hasta 7.000 millones de euros.

Esta primera votación del curso político sirvió para medir el apoyo parlamentario al Gobierno de coalición. Los bloques permanecen en sus trincheras, pero ahora se palpa que las distintas formaciones empezar a encauzar el tono con el que se encaminarán hacia el nuevo ciclo electoral que pasa por las locales y autonómicas de mayo de 2023 y tendrá su traca final con las generales (a finales del año que viene si no media adelanto).

Los populares mantuvieron la estrategia del choque directo, en esta ocasión para criticar un gravamen que consideran un «engendro jurídico» con el que el PSOE «socava los cimientos de la historia de su partido», lanzó el diputado Mario Garcés. «El Partido Socialista ha emprendido un viaje a ninguna parte», añadió para reafirmar su no. La otra cuestión que critican junto a Vox y Ciudadanos es la posibilidad de que las entidades bancarias y las eléctricas acaben repercutiendo este impuesto a los clientes, un extremo que niegan desde Moncloa, donde se encomiendan a otras medidas legales para que esto no ocurra. Además, acusaron al Gobierno de utilizar de esta figura tributaria para vulnerar los principios de igualdad o de doble imposición.

Pese a superar el primer obstáculo, ahora la proposición deberá pasar por el trámite del debate en comisión parlamentaria, donde se fijará el texto definitivo. En este proceso, el Gobierno deberá volver a sudar tinta en otra negociación a varias bandas, especialmente para lograr el sí definitivo de PNV y EH Bildu, que critican que este gravamen «esquiva las competencias propias de las haciendas forales» vascas. Si esto no se modifica, explican desde ambas formaciones, «no podremos asegurar el voto favorable en la tramitación final».

Por su parte, desde Esquerra lamentaron que este impuesto extraordinario sea temporal y no definitivo en el tiempo. Los republicanos también dudan de que las empresas afectadas por esta tributación no acaben repercutiendo el coste a los consumidores.

Paralelamente y dentro del Consejo de Ministros, mientras en el PSOE siguen remando para «hacer pedagogía» y que las medidas del Gobierno lleguen a los ciudadanos, Podemos maniobra para marcar perfil propio ante el nuevo ciclo electoral. Este martes trasladaron a su socio de Gobierno una propuesta para limitar de forma temporal la subida de las hipotecas variables, cuyo índice de referencia, el euríbor, ha crecido en los últimos meses espoleado por las subidas de los tipos de interés por el Banco Central Europeo (BCE).

El objetivo del partido morado es forzar a las entidades bancarias a ofrecer a sus clientes hipotecarios la posibilidad de acogerse a una reducción, durante un año, del diferencial de las hipotecas de tipo variable a un 0,10% (sin elevar el plazo de amortización del crédito). Podemos tratará de negociar este medida en el seno del Gobierno, de cara al próximo real decreto-ley del plan de contingencia (el actual vence el 31 de diciembre).

Este martes por la noche, el presidente Sánchez dijo compartir la inquietud de sus aliados y de los sindicatos por que el endurecimiento de la política monetaria para embridar la inflación dispare las hipotecas. Pero zanjó que en el Tratado de la UE «no está permitido» un paso como el planteado por Unidas Podemos.