El PSOE y Junts prevén firmar de modo «inminente» la delegación a Cataluña de las competencias de migración

Las cuestiones más peliagudas de la negociación, y las que más tiempo ha llevado resolver, estaban relacionadas con quién asumiría el control de las fronteras, a quién correspondería la expedición de documentos de identidad para inmigrantes o quién tendría la capacidad de dictar expedientes de expulsión. Ni el Ejecutivo ni los posconvergentes adelantan, por ahora, cuál es exactamente la solución a la que se ha llegado para lograr satisfacer a ambas partes.

Los socialistas siempre han mantenido que ni la Constitución ni la Unión Europea permitirían que los Mossos d'Esquadra asumieran de maneara exclusiva la tarea de vigilar las fronteras, sustituyendo a la Policía Nacional y la Guardia Civil, como exigía el partido de Carles Puigdemont. En el tramo final de las conversaciones, en todo caso, se han explorado, según informaron en su momento fuentes de la negociación, fórmulas inspiradas en el modelo de Baviera, con una policía de fronteras propia que actúa de manera coordinada con las autoridades federales y, en realidad, bajo su batuta.

La semana pasada, como allanando el camino, el Gobierno y la Generalitat ya confirmaron un acuerdo para a ampliar, de aquí a 2030, la plantilla de los Mossos d’Esquadra de los en torno a 19.000 actuales hasta los 25.000 agentes y un plan de choque para crear 60 nuevas plazas de jueces en Cataluña. El pasado 10 de febrero, la consejera catalana del Interior, Núria Parlon, también anunció que la policía autonómica asumirá en septiembre la seguridad ciudadana de puertos y aeropuertos, como ya tiene la Ertzaintza en el País Vasco, pero ese asunto se vendió como ajeno a las negociaciones con Junts, para quien la medida resultaba abiertamente insuficiente.

La noticia de que esta vez sí hay, salvo sorpresa de último minuto, un entendimiento llega poco más de una semana después de que Puigdemont accediera a retirar, 24 horas antes de su debate en el pleno del Congreso, la proposición no de ley que instaba a Sánchez a plantear una cuestión de confianza, una suerte de espada de Damocles sobre la legislatura que el 'expresident' activó el pasado mes de diciembre para incrementar la presión al Gobierno y obligarlo a cumplir los acuerdos pendientes. La polémica delegación "integral" de las competencias de inmigración, en concreto, fue una cesión que el Ejecutivo prometió en enero de 2024 para salvar los primeros reales decretos leyes de este mandato.

La ejecutiva de Junts optó por no disparar ese cartucho el pasado lunes. Y el argumento para hacerlo se lo propició el verificador internacional que, como se pactó en la investidura de Pedro Sánchez -en la que los socialistas pagaron el precio de amnistiar el 'procés'- ha supervisado las negociaciones mensuales mantenidas desde hace un año en Suiza entre ambos partidos, el salvadoreño Francisco Galindo Vélez. En un comunicado firmado en Cartagena de Indias tras el último encuentro advirtió de que la iniciativa parlamentaria podía dar al traste con el «escenario" que estaba a punto de abrirse y "frenar los avances" logrados en "los temas más sensibles" trabajados hasta la fecha.

Ese texto ya dio una pista de que la que negociación podría llegar a buen puerto en un plazo breve. Pero las relaciones del PSOE con Junts han sido siempre tan tormentosas que nadie se atrevía a vaticinar la fumata blanca hasta este mismo lunes.

En el resultante del acuerdo han estado implicados varios Ministerios, entre ellos el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Sáiz, y el del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pero el peso de la negociación ha recaído, por parte del PSOE, en el ministro de Justicia, Félix Bolaños; en el secretario de Organización, Santos Cerdán, y también en el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y, por parte de Junts, en el propio Carles Puigdemont, el secretario general de la formación, Jordi Turull y la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras.