El PSOE entra al choque ideológico con Díaz y se dice «orgulloso» de que el SMI pueda tributar

Los socialistas llevan toda la semana rumiando el negativo impacto generado por la exhibición de las discrepancias frontales en este asunto existentes en el Consejo de Ministros en la rueda de prensa del martes posterior a la reunión semanal en La Moncloa; por la falta de «pedagogía» mostrada por Hacienda ante una medida controvertida que opacó lo que iba a presentarse como conquista de la gestión gubernamental, la subida de nuevo y en esta ocasión del 4,4% -50 euros al mes, hasta los 1.184 mensuales en 14 pagas y los 16.576 brutos al año. Sumar comparte, desde la otra orilla, la estupefacción por cómo la comunicación de un éxito se ha transformado en una escisión dentro del Ejecutivo en una legislatura en la que éste ya está bastante acuciado por su fragilidad parlamentaria. Pero Díaz y los suyos están persuadidos de haber «ganado» ya el debate, porque creen que el paso dado por Montero es difícilmente comprensible para la ciudadanía y porque ha generado una insólita conjunción de intereses, frente al PSOE, entre sus socios y la oposición de derechas.

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¿Puede vetar el Gobierno el intento de Sumar y del PP de frenar el IRPF del salario mínimo?

El viernes, y tras 72 horas de silencio aquejada de una gripe febril, la vicepresidenta primera y vicesecretaria general del PSOE se empleó a fondo en tratar de recuperar terreno quemado y argumentar el porqué de su iniciativa. El argumento, resumido, es el que ha esgrimido hoy Cerdán en la capital donostiarra: el Gobierno de Sánchez ha incrementado en estos siete años en La Moncloa el 61% el salario mínimo hasta situarlo, como requieren los estándares europeos, al menos en el 60% del sueldo medio, un repunte que justificaría que por primera vez sufra retenciones en el IRPF a la manera en que lo hacen países como Francia o Alemania. Montero volvió a incidir en que posiciones como la de Díaz proyectan un «populismo fiscal» contra el que se resolvió el sábado el portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun. En un acto en Barcelona en defensa de la reducción de jornada laboral y en presencia de una Díaz que no quiso abonar la controversia aunque no fuera, dijo, por «ganas», Urtasun aseveró que populista es aceptar que las grandes empresas, con mención especial a las energéticas, no paguen lo que les corresponde mientras Hacienda pretende recaudar a costa del SMI. Trabajo cifra en 277 millones el coste de que sigan sin retenciones los 2,4 millones de beneficiarios directos de la subida del salario medio, pero Montero eleva a entre 1.700 y 2.000 millones el impacto porque elevar una vez más el mínimo exento de tributación al IRPF sí concierne al conjunto de los trabajadores.

Cerdán se ha esforzado este domingo en transmitir que el PSOE no da la discusión pública por finiquitada. Ha subrayado que la mayoría de los perceptores del SMI -el 80%, según el cálculo de Hacienda- continuará sin tener que pagar nada, poniendo como ejemplo a una pareja con un hijo menor de tres años; y añadiendo que en el caso de que el menor supere esa edad, la retención anual será de 99 euros (aquí, el dirigente socialista ha arremetido contra las políticas fiscales del PP, cuantificando en 839 euros y en 1.109 la tributación en ambas casuísticas de aplicar las tablas de cuando gobernaba Mariano Rajoy). Y ha pasado a la ofensiva ideológica dentro del propio progresismo al advertir a Díaz de que ser de izquierdas no pasa por estar en contra de los impuestos, recalcar que Sánchez ya ha aplicado «la mayor rebaja» en el IRPF para las clases bajas y medias y remachar con eso de que, «como socialista», se siente «orgulloso» de que el SMI haya alcanzado tal entidad como para poder contribuir en el Impuesto sobre la Renta. «Ese es el camino de la igualdad y en el que vamos a seguir trabajando», ha zanjado.

No lo ven igual entidades sociales como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Plataforma del Tercer Sector o la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES), que exigen al Gobierno que quienes perciben el salario mínimo continúen sin tener retenciones en sus nóminas. En declaraciones a Europa Press, el CERMI justifica su rechazo en que el colectivo al que representa incluye a muchos trabajadores con ese rango salarial que, con las cotizaciones, podrían ver mermado parte del poder adquisitivo ganado con la subida.

La posibilidad de reconducir las hostilidades y que estas no lleguen hasta el Congreso no se antoja sencilla. La Mesa de la Cámara calificará este martes, en un trámite rutinario, las tres proposiciones de ley -de PP, Podemos y la propia Sumar- registradas contra la iniciativa de Hacienda. A partir de ahí, el Ejecutivo tiene 30 días para acogerse a los presupuestos del artículo 134.6 de la Constitución y vetar las intenciones de sus socios y de la oposición. Pero populares y magenta, que se han dicho dispuestos a acumular fuerzas en este asunto, suman una mayoría alternativa en la Mesa que levantaría de ese veto; y otros grupos como ERC, Bildu, el BNG y Vox ya han pedido al Ejecutivo que rectifique, con el PNV menos rotundo y comprensivo hacia los argumentos tanto de Hacienda como de Trabajo, pero partidario de proteger a las personas más vulnerables. «Se lo han puesto a huevo a la derecha», ha llegado a lamentarse, ante la brecha en el Ejecutivo, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, quien cree razonable que un SMI que ya no es un salario de subsistencia como antes de su escalada pague impuestos aunque explorando una salida para que ese medio millón de trabajadores -de los 2,5 directamente beneficiados por el alza del salario mínimo- que tendrían que cotizar continúen sin hacerlo. Un arreglo puntual que comparte UGT, que ha pedido ya cita con Hacienda.