El PP rescata su agenda social con la XXVII Intermunicipal

En concreto, una de las peticiones en la que los de Feijóo harán especial hincapié este sábado –durante una de las mesas de debate previstas– pasa por revertir los recortes que el Ejecutivo pretende introducir en el nuevo mapa concesional de transportes por carretera, o como lo definen desde Génova: el 'matapueblos', un plan diseñado sin debate ni acuerdo.

Los populares denuncian que dicho mapa orquestado por el departamento que dirige Óscar Puente -exregidor de Valladolid, donde se celebra la reunión del partido- introduce en la nueva Ley de Movilidad la eliminación de rutas, paradas y servicios, incrementa los trasbordos y no tiene en cuenta la diversidad territorial. En concreto, hace desaparecer 456 rutas, un 47,20%; desconecta a un total de 3,25 millones de personas que se quedarían sin servicio de autobús; prescinde de alrededor de unas 9.305 paradas de autobuses interurbanos y prevé una disminución de 1.417 municipios con parada.

Entre las comunidades más afectadas, esgrimen los conservadores, se encuentran Extremadura, Aragón, Galicia, Castilla y León y Andalucía, siendo las regiones más extensas y con más límites geográficos. Para revertir esta situación, los de Feijóo exigen la elaboración de un nuevo mapa debatido y acordado en el órgano correspondiente para estas cuestiones, la Conferencia Sectorial de Transportes.

El PP, que ha introducido enmiendas a la Ley de Movilidad Sostenible para intentar evitar lo que tildan de «disparate» y rectificar el mapa que «discrimina a los españoles», quiere dejar claro que el compromiso de Feijóo es «convertir la España vaciada en la nueva España de las oportunidades». «La vertebración del Estado es innegociable. Por este motivo, la crisis que vive el actual Sistema Nacional de Transportes, con especial incidencia en el ferroviario y el de carretera, tendrá un apartado principal en la Intermunicipal», apuntan fuentes populares.

Según los populares -y en caso de no rectificar Moncloa- solo en Andalucía, 83 municipios y 368.000 habitantes dejarían de estar atendidos, mientras que en Galicia se verían afectados 22 concellos y 122.000 personas quedaría desconectadas de las rutas estatales -empeorando la conectividad rural gallega de forma grave-.

Castilla y León, por su parte, es la comunidad más afectada según los datos manejados por el PP: 474 paradas suprimidas en 346 municipios, con una población de 213.436 habitantes, con una demanda de viajeros en 2029 de 92.078 viajeros. Se suprimen el 71% de las paradas actuales, 663 paradas en la actualidad y solo se mantienen 189. Las provincias de León y Palencia, además, resultarían ser las más afectadas al cancelarse en el nuevo mapa el 90 por ciento de las paradas.

En Aragón, por ejemplo, los de Feijóo denuncian que este nuevo mapa elimina 151 paradas y solo dejan activas 19, afectando principalmente a las localidades rurales que se encuentran cercanas a los límites geográficos regionales. Y respecto a Extremadura, denuncian los conservadores, el Gobierno de España «pretende dejar a 126 municipios sin paradas de esos autobuses».