El PP ha planteado en el Congreso que se establezca por ley que todos aquellos incidentes, hechos o manifestaciones de odio, discriminación, hostilidad y violencia antisemita sean actos de intolerancia que tienen que ser rechazados y combatidos, también con las correspondientes consecuencias jurídicas.
Estos actos se producen en particular en el contexto de la pandemia de la COVID-19 y el Consejo de la UE avisa de que el racismo y el antisemitismo puede conducir o ha conducido a formas de extremismo violento y terrorismo.
Así, lamentan que en la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación se ha perdida «una clara oportunidad» para recoger las recomendaciones europeas, que fijan la lucha contra el racismo y el antisemitismo como una de las prioridades de la Unión Europea.
Se quitó de los borradores
En el texto de la iniciativa, recogido por Europa Press, el PP recuerda que la mención al antisemitismo y las acciones contra el mismo aparecía en los borradores del anteproyecto de ley, aunque finalmente se eliminó de la propuesta registrada en la Cámara Baja.
el PP considera «urgente» que en dicha ley se recojan también los aspectos de la lucha contra el antisemitismo
De forma paralela, señala que en el Plan normativo de 2022 se contempla la voluntad del Gobierno de aprobar una Ley orgánica contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia, pero el año finalizó sin que el Gobierno haya cumplido con las recomendaciones europeas en este sentido.
Por ello, el PP considera «urgente» que en dicha ley se recojan expresamente, junto al racismo, aquellos aspectos de la lucha contra el antisemitismo señalados por la Unión Europea para que sean incluidos en las legislaciones de los Estados miembros.
La asamblea de Madrid ya propuso una ley
Actualmente, el Congreso tiene en plazo de enmiendas una ley impulsada por el PP en la Asamblea de Madrid para impedir que empresas y asociaciones sospechosas de antisemitismo pueda recibir dinero público, sea por contratos o por subvenciones.
Esta iniciativa implica modificar tanto la ley general de subvenciones como la de contratos del sector público, así como la ley orgánica reguladora del derecho de asociación, todo ello para combatir todo vestigio de antisemitismo.
El objetivo es que estos cambios de la normativa vigente imposibiliten que puedan recibir ayudas, contratos o subvenciones públicas «aquellas entidades que realicen prácticas discriminatorias por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, haciendo hincapié en el antisemitismo».
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