El PP y las comunidades se rebelan contra la financiación a la carta para Cataluña

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, afirmó el martes que se trata de una «urgencia», que «se abordará» si el PSOE repite al frente del Ejecutivo y que tendrá en cuenta también el endeudamiento de las comunidades. Según los últimos datos del Banco de España, Cataluña copa cerca del 40% de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) con más de 70.000 millones de eruos adeudados, seguida por la Comunidad Valenciana con 45.000 milones.

A pesar de coincidir con Montero en la necesidad de reformar el modelo actual, el partido conservador entiende como un error «grave» el uso partidista del sistema y advierte de que «condonar deuda no es reformar el sistema sino cambiar dinero por voto». «En cinco años no ha habido voluntad de mejorarlo, y cuando hacen falta votos se pone sobre la mesa», censuró ayer su visecretario de Economía, Juan Bravo.

El modelo de financiación vigente se tenía que haber reformado en 2014 pero la falta de recursos, en plena crisis económica, llevó al Gobierno de Mariano Rajoy a imponer una prórroga. A pesar de que los presidentes regionales llevan tiempo presionando para que el sistema de financiación se renueve tampoco en los últimos años se han logrado avances. A mediados de 2021, Hacienda creó un grupo de expertos para esbozar una propuesta de armonización fiscal y de reforma del sistema tributario de las autonomías para dejar atrás la infrafinanciación que sufren algunos territorios, pero el Gobierno de coalición guardó el documento final en un cajón ante la división de las comunidades que siguen sin ponerse de acuerdo entre ellas.

En este debate los bandos no están en los partidos sino en los territorios, sea cual sea el color. Por un lado están las comunidades que más sufren la despoblación y el envejecimiento y que defienden un sistema de reparto que tenga en cuenta el coste efectivo de la prestación de servicios públicos, muy afectado por esas cuestiones. Se trata de Galicia, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, La Rioja, Extremadura y Castilla y León.

En el lado opuesto se encuentran Madrid, Cataluña y Baleares. Sobre el papel las tres comunidades más perjudicadas por el actual sistema de financiación, ya que aportan más de lo que reciben. Abogan porque en el cálculo tenga un mayor peso el número de ciudadanos y aumentar la cesión del IRPF. Entre medias se sitúan Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia, que piden corregir su supuesta infrafinanciación histórica y exigen un nuevo consenso en torno a los criterios de reparto por población ajustada que incluya aspectos como el envejecimiento, la población joven o la dispersión.

Pese a sus diferencias, y que cada uno barre para su casa, ningún presidente autonómico va a permitir que la negociación con Junts y ERC permita a los catalanes sacar una mayor tajada de la tarta del dinero en detrimento del resto. Los mandatarios regionales del PP avalan la propuesta de la dirección nacional de que se convoque de forma urgente una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que sienta a todos los consejeros autonómicos de Hacienda, para evitar contactos bilaterales y donde los populares son mayoría tras el 28-M. «No vamos a tolerar que haya negociaciones en el cuarto oscuro del separatismo frente a los demás», advirtió el martes el presidente valenciano, Carlos Mazón.