El CGPJ pide a los tribunales las cifras del 'solo sí es sí' con más de 500 rebajas de penas ya

La irrupción del Consejo en la controversia que está marcando la actualidad política se produce cuando la norma que garantiza la libertad sexual lleva ya cuatro meses en vigor y las audiencias provinciales y los TSJ autonómicos han atenuado las condenas a casi medio millar de abusadores y violadores, ejecutando el principio general de que deben aplicarse los preceptos del Código Penal más beneficiosos para el reo.

El domingo, en el acto de reivindicación de la ley celebrado por Unidas Podemos en Madrid, la ministra Irene Montero puso voz alta a una crítica hasta entonces reservada de los morados: que resulta «inaudito» que no se dispongan de datos concretos sobre el número exacto de condenas rebajadas y las que se han mantenido; y de las que son firmes y no. Un dardo implícito al Ministerio de Justicia de la socialista Pilar Llop.

Esta semana, y una vez consumado el cisma con sus socios de coalición, Llop replicó que su departamento no puede tener acceso a esos datos, con los que Igualdad pretende demostrar, tras haber acusado genéricamente de machistas a los jueces, que son más los casos en que se mantienen las penas que los que se suavizan. Ahora asume ese recuento el órgano gubernativo de la Judicatura, que en su día alertó, en un largo informe, sobre los riesgos que comportaba tocar las horquillas penales al unificarse en la ley los delitos antes de abuso y de violación.