Las ministras Irene Montero y Ione Belarra, de Podemos, en el Congreso. EFE

Podemos presiona al PSOE con una batería de enmiendas a la Ley de Vivienda

Los morados proponen suavizar las condiciones para declarar zonas tensionadas e incrementar la presión a los grandes tenedores

Miércoles, 6 de abril 2022, 13:16

Transcurrida la mitad de la legislatura, vuelve a emerger ahora uno de los enfrentamientos más largos y tensos en el Gobierno de coalición: la futura Ley de Vivienda. La redacción de la norma ya causó severas disputas entre PSOE y Unidas Podemos, que lograron cerrar ... un acuerdo 'in extremis' a comienzos de octubre en el marco de la negociación de los Presupuestos de este año. Pero seis meses después, con la tramitación de la iniciativa ya en marcha en el Congreso, los morados reactivan ahora el frente al registrar una batería de enmiendas con la intención de presionar a los socialistas para que se avengan a asumir sus postulados.

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El grupo confederal de Unidas Podemos ha acudido este miércoles al registro de la Cámara baja para proponer una treintena de correcciones al texto. «Esta ley tiene que estar en vigor cuanto antes y tiene que ser mejorada para ser más eficaz y efectiva, y hacer realidad el derecho a la vivienda. Nuestra obligación es ayudar a mejorar esta proposición de ley», ha explicado la diputada Pilar Garrido. Las enmiendas de los morados, de cuya presentación informó al PSOE previamente, incluyen cambios en algunos de los puntos clave de la futura norma, como la limitación a los precios del alquiler en zonas tensionadas y el coto a los apartamentos turísticos.

En el tope a los alquileres, capítulo que evidenció fuertes divergencias con el socio de coalición, la coalición liderada por Yolanda Díaz y Ione Belarra plantea rebajar los requisitos que permitan declarar una zona tensionada, decisión que competerá a los gobiernos autonómicos. En concreto, su fórmula suavizaría las condiciones para que fuera suficiente con acreditar un crecimiento acumulado del IPC superior al 2% –en lugar del 5% que se plantea en el texto– en los cinco años anteriores a la declaración. Y en cuanto a los alojamientos turísticos, propone que las plazas no puedan suponer más del 2% de los habitantes del distrito o barrio en cuestión.

Los morados también buscan que los grandes tenedores de vivienda –aquellos con más de una decena de propiedades– estén obligados a destinar al alquiler social al menos un 30% de ellas «de forma estable y continuada»; en el caso del Sareb, el banco malo, el porcentaje ascendería hasta el 75%. Las enmiendas proponen igualmente la prohibición en la interrupción de suministros básicos (agua potable, gas y electricidad), llegando a considerarlo como «acoso inmobiliario», inadmitir demandas de desahucio en fincas urbanas por «falta de pago de las rentas» y obligar a los arrendadores a asumir los habituales gastos de gestión inmobiliaria y de formalización de contratos.

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