Un pique en Flandes

La primera protesta llegó el pasado 20 de septiembre, cuando Calcoen tuvo que justificarse por una carta que Peumans escribió a la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell en la que afirmaba que el Gobierno español no cumple «las condiciones para ser parte de una Unión Europea democrática». Solo unos días después, siguió echando leña al fuego y volvió a cuestionar la democracia española, todo un «insulto» para el Ejecutivo español. La gota que colmó el vaso fue que este representante del partido nacionalista de la Nueva Alianza Flamenca (NV-A) dijera en presencia del expresidente catalán Carles Puigdemont que encerrar a los políticos catalanes por la consulta del 1 de octubre «es un acto de violencia».

Con estos antecedentes, la decisión del Gobierno español de no volver a acreditar a personal diplomático que represente a la región belga de Flandes ha sido recibida en aquel país con división de opiniones. Algunos la consideran como un golpe sobre la mesa del ministro Josep Borrell «necesario» para que no se siga cuestionando el sistema español de derechos y libertades. Para otros, es una reacción «sin precedentes» poner el foco en un político independentista que solo representa a un región del país, no a toda Bélgica. «Es inaudito. Exteriores le ha dado el protagonismo que buscaba», afirma Alberto Fernández, nacido en Bruselas de padres españoles.

Nadie duda de que se ha abierto un conflicto diplomático, pero son pocos los que creen que vaya a afectar a la imagen y consideración que los belgas tienen de España. Todas las actividades programadas por la Consejería Cultural y Científica de la Embajada española en Bélgica se han seguido desarrollando «con absoluta normalidad y conforme a la agenda prevista», afirman fuentes cercanas a la legación diplomática. Tampoco parece que las relaciones bilaterales vayan a resentirse. Primero, porque la polémica no ha sido con el Estado belga sino con una de sus regiones. Tanto es así que el Gobierno federal se ha desmarcado de este asunto y ha dejado claro que no va a entrar a valorar ni la reacción de uno ni la de otro.

Además, ha hecho oídos sordos a la petición que le hacía el ministro-presidente de Flandes, Geert Bourgeois, para que convocara a la embajadora de España tras la retirada de credenciales. «Es un problema de Flandes con España y si quieren hacer llegar algún mensaje a las autoridades españolas tendrán que hacerlo a través de nuestra embajada en Madrid», exponen desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica. Si bien el margen que tiene Flandes para contraatacar a España es nulo, el Ejecutivo federal belga (liderado por el partido liberal francófono MR) «tiene que hilar fino porque gobierna con el apoyo de otras tres formaciones flamencas, entre ellas los nacionalistas del N-VA», destaca Ignacio Molina, investigador principal para Europa del Real Instituto Elcano.

Los propios ciudadanos belgas se muestran desconcertados con los agresivos desplantes de sus políticos flamencos con España; no entienden por qué se meten en este fregado cuando el tema catalán ni les va ni les viene. «Ya tenemos suficientes problemas en Bélgica como para tener que preocuparnos de un asunto interno de España», zanja Jan Cnude, que vive a caballo entre su residencia habitual en la ciudad flamenca de Kortrijk y el municipio malagueño de Alcaucín, donde adquirió una vivienda en 2012.

La tensión es evidente, «pero confundir Flandes con Bélgica es un gran error», asegura Molina. Bélgica es un país pequeño, de apenas 30.500 kilómetros cuadrados, pero en donde las suspicacias entre sus dos comunidades lingüístico-culturales saltan continuamente. La región de Valonia (su lengua es el francés) y la de Flandes (donde se habla neerlandés) viven de espaldas entre sí. Su nexo de unión es la tercera región del país –la capital, Bruselas–, oficialmente bilingüe.

El Estado que nació en 1830 desgajándose del Reino Unido de los Países Bajos con una clara hegemonía económica y lingüística de los francófonos se ha ido convirtiendo, a golpe de reformas constitucionales desde 1970, en un Estado federal en el que el Gobierno común cada vez tiene menos competencias. Y es en Flandes, donde el 40% de la población es nacionalista, donde el movimiento independentista catalán ha despertado más simpatías, sobre todo desde que Puigdemont se refugiara en Bélgica hace un año tras el referéndum ilegal del 1 de octubre. «Hay grandes defensores del derecho de autodeterminación y ven en Cataluña lo que quieren para Flandes. Es un territorio que en su día luchó contra España por su independencia, de ahí que históricamente conciban a los españoles como a unos opresores. Hay gente que juega con esa parte de la historia y, aunque la mayoría no duda de que en España hay libertades, existe un nicho que piensa que el Estado español no está jugando limpio, que no respeta el derecho de los catalanes», explica María Tejero, periodista acreditada en asuntos europeos que lleva ocho años en la capital belga. La leyenda negra sobre el pasado conquistador español permanece en la cultura popular flamenca. Fueron ochenta años de levantamientos sofocados por los Tercios de Flandes, de ingentes recursos económicos gastados y raudales de sangre derramada hasta que, en 1648, un debilitado Imperio español reconocía definitivamente la independencia de las Provincias Unidas.

Pero, más allá del temor de los niños flamencos al duque de Alba, España es una referencia para Bélgica. No solo como destino vacacional, aunque también: el año pasado visitaron nuestro país casi dos millones y medio de belgas, casi un 8% más que el anterior. «Pero, más allá de los indicadores turísticos, lo que realmente pesa en los belgas para tener una buena consideración de España es que es un país miembro de la UE, lo que garantiza unos mínimos estándares democráticos», recalca Nacho Alarcón, que vive en Bruselas desde hace dos años.

Sin embargo, las imágenes de las fuerzas de seguridad cargando contra los ciudadanos durante el referéndum del 1 de octubre «nadie las entendió y favorecieron el mensaje independentista de España como país represor de los catalanes», asegura María Tejero. «De no haberse visto esas imágenes, el referéndum habría pasado inadvertido fuera de España, pero con ellas se logró que la simpatía hacia el independentismo se extendiera por toda Bélgica», coincide Alarcón.

El experto del Instituto Elcano admite que el impacto del 1-O fue negativo, «pero tendrían que repetirse muchos 1-O para cambiar la imagen positiva que los belgas tienen de España», señala Molina. Para este investigador es «prácticamente imposible que esta crisis diplomática pueda tener consecuencias comerciales, turísticas o culturales para España». Bélgica ve en España un país a donde viajar o en el que vivir bien, pero sobre todo un aliado serio en la UE donde ambos defienden causas comunes, como en la crisis del euro. Más allá de eso, «en la memoria colectiva de los belgas están también la reina Fabiola (la aristócrata española que contrajo matrimonio con el rey Balduino) y los miles de emigrantes españoles que fijaron su residencia allí durante la dictadura», apunta Molina. Empezaron a llegar a partir de 1956, merced al Acuerdo Hispano-Belga de Emigración, para trabajar en las minas, la metalurgia y el empleo doméstico. El Instituto Español de Emigración (IEE) cifró en un millón los españoles que partieron hacia Europa entre 1959 y 1973. De ellos, 100.000 fueron a Bélgica, donde hoy 61.338 españoles tienen fijada su residencia.

Algunos belgas toman partido por España en este litigio, y no solo por las afrentas de Jan Peumans sino por la tibieza de su sistema judicial dando cobijo a un prófugo de la Justicia española como Puigdemont. «Siento vergüenza y aplaudo la decisión de Borrell. A España le sobran motivos para mirar peor a Bélgica después de cómo se ha portado este año», lamenta Mario Blancke, que vendió todo en 1989 para traslarse a Alcaucín. Hoy es alcalde de este municipio malagueño. «No se me ocurre otro país donde vivir mejor», sentencia.