La investidura más larga

Hasta 2016, la investidura era casi un trámite sin más. Se sabía que el que ganaba las elecciones pasadas unas semanas gobernaría. Así fue con Adolfo Suárez en 1979 (en 1977 fue designado jefe del Ejecutivo por el rey Juan Carlos) que tardó 23 días en ser investido. Leopoldo Calvo Sotelo, aunque tuvo entre medias el intento frustrado de golpe de Estado del 23-F, se demoró 22 días en 1981. Al año siguiente, Felipe González necesitó 34 días; en 1986, pasaron 31 días entre las elecciones y la investidura; en 1989, un poco más, 37; y en su último mandato en 1993 invirtió 33 días.

José María Aznar fue el primero que se enfrentó en 1996 a una negociación compleja. El líder del Partido Popular, un jacobino reconocido, tuvo que alcanzar un acuerdo nada sencillo con tres grupos nacionalistas, CiU, PNV y Coalición Canaria. Tardó 62 días en sellar el pacto para su elección. En 2000, ya con mayoría absoluta, precisó 45. José Luis Rodríguez Zapatero requirió 33 para obtener la confianza del Congreso en 2004, y 31 días cuatro años después. Aquella investidura fue la primera que se consumó en la segunda votación con mayoría simple y lo consiguió gracias que pactó una abstención masiva de los nacionalistas que le permitió ser investido con los únicos votos de los diputados del PSOE. Mariano Rajoy tampoco tuvo problemas en 2011 con su mayoría absoluta y ventiló el trámite en un mes.

El embrollo se organizó a partir de las elecciones de 2015 con la entrada en el Congreso de Podemos y Ciudadanos. Pedro Sánchez, ante la negativa de Rajoy a aceptar el encargo del Rey, tardó 72 días desde las elecciones en presentarse a la investidura. Tras su fracaso y la consiguiente repetición de las elecciones, Rajoy retomó el testigo en junio y pasaron 66 días desde los comicios al debate en el Congreso. La investidura resultó fallida y tuvo que esperar dos meses más para que prosperara gracias a la abstención de 68 diputados del PSOE.

El próximo 22 de julio, cuando Sánchez suba al atril del Congreso, habrán pasado 85 días desde las elecciones del 28 de abril. Y lo que es peor para el candidato socialista, sin ninguna garantía de que vaya a recibir la confianza del Congreso. Parece seguro que no la conseguirá en la votación del 23 de julio, y está por ver en la que tendrá lugar 48 horas después.

Para que los prolegómenos hayan sido los más largos de la historia ha sido determinante que tras las generales de abril hubiera una nueva convocatoria electoral el 26 de mayo. Fue un mes en el congelador. Sánchez no hizo ninguna gestión para amarrar apoyos, más allá de una ronda de reuniones protocolarias en la Moncloa con los líderes de PP, Ciudadanos y Unidas Podemos en la primera semana de mayo. Con el argumento de que no interferir en la campaña de las municipales, europeas y autonómicas en doce comunidades, todo se paró. Hasta el Rey respetó la campaña electoral y dejó pasar mayo sin abrir la preceptiva ronda de contactos con los representantes de los partidos para proponer un candidato a la investidura. Hubo que esperar hasta el 6 de junio para que Felipe VI encargara al líder del PSOE la misión.

Sánchez llegó a la cita con el Rey sin los deberes hechos. No había hablado con nadie y no tenía ningún respaldo para asegurarse la investidura, pese a semejante orfandad el jefe del Estado confió en él. El candidato y su equipo de confianza dejaron pasar los días con tanteos estériles. No se sabe si optó por esa estrategia porque estaba seguro de lograr el objetivo o si fue una operación de ablandamiento de la resistencia de Unidas Podemos, que fue el aliado preferente desde el momento en que Ciudadanos, la opción favorita para buena parte del PSOE, del mundo empresarial, de las finanzas y de los socios europeos, dio la espalda a Sánchez. «Con nosotros (Albert) Rivera posiblemente hubiera sido vicepresidente del Gobierno y con ministros de su partido, pero prefirió ser un comparsa del PP», se lamenta a toro pasado un miembro de la ejecutiva socialista.

Descartada la baza liberal, Sánchez comenzó el tanteo con Pablo Iglesias con dos convicciones. Una, el secretario general de Podemos no iba a repetir la jugada de marzo de 2016, cuando frustró la investidura pactada con Ciudadanos, porque sería un mazazo quizá definitivo para la carrera política de Iglesias y su partido. Y dos, no iba a permitir la entrada del líder morado ni otros dirigentes afines en su Consejo de Ministros. Quería un respaldo casi gratuito y se encontró con una negativa absoluta. Pasaron las semanas en ese tira y afloja, con amenazas de repetición de elecciones de por medio y filtraciones interesadas por ambas partes, pero nada cambió. Iglesias se mantuvo firme, y a los socialistas empezaron a temblarles las piernas. A Sánchez dicen que no. Que sigue empecinado en el veto a la incorporación a su Gobierno del socio preferente y que solo quiere hablar de cooperación, nada de coalición. En su partido mantienen que no va a cambiar de criterio y recuerdan que lleva la obstinación por bandera, y su historia política así lo acredita.

Pero Sánchez, al menos, tuvo que reconocer el viernes, a menos de diez días del debate de investidura, que tenía que cambiar de estrategia. Volver a «la casilla de salida», como dice la portavoz Isabel Celaá, o a «valorar todos los escenarios», como apuntan desde la Moncloa.

Ya han pasado dos meses y medio desde las elecciones generales, y el candidato, con la investidura bloqueada, pretende ahora conseguir en una semana un entendimiento que podía haber empezado a tejer desde el 28 de abril.