García Ortiz afronta una revuelta en la cúpula de la Fiscalía por entrar en guerra con el Supremo

Así las cosas, 13 de los 36 fiscales de Sala, en una iniciativa sin precedentes, han decido dar el paso, salir del anonimato y unirse para firmar una carta en la que piden la inmediata dimisión de Álvaro García Ortiz, ya que sostienen que su actitud ante el magistrado Hurtado fue «impropia de un Estado de Derecho». No obstante, el profundo malestar en la cúpula de la carrera, según coinciden en señalar diversas fuentes, va más allá de esos firmantes, aunque varios de los fiscales de Sala que han sido requeridos para unirse al documento han preferido no echar más leña a un fuego que tiene todos los visos de convertirse en incendio.

Entre los autores de este inédito manifiesto –hecho público solo 48 horas después de que García Ortiz se convirtiera en el primer fiscal general del Estado en declarar como imputado en la historia judicial española– se encuentran algunos de los 'pata negra' de la carrera fiscal; entre ellos los cuatro acusadores del 'procés' contrarios, además, a la ley de amnistía: Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Jaime Moreno y Consuelo Madrigal, la cual fue también fiscal general al igual que María José Segarra, miembro de la Unión Progresista de Fiscales y que lo fue ya bajo mandato de Pedro Sánchez en La Moncloa. Los otros ocho firmantes son Antonio Narváez, Elvira Tejada, José Miguel de la Rosa, Rosana Morán, Javier Huete –el fiscal que recibió a García Ortiz en el Supremo–, Pilar Martín Najera, Francisco Moreno y Manuel Moix.

«La comparecencia del fiscal general del Estado para declarar como investigado en el Tribunal Supremo negándose a responder a las preguntas del magistrado instructor es impropia de un Estado democrático de Derecho. Puede hacerlo como investigado don Álvaro García Ortiz, pero nunca el fiscal general del Estado que, pese a ser objeto de investigación penal por el máximo órgano judicial del Estado, sigue representando al Ministerio Fiscal entre cuyas funciones se encuentra la de velar por la independencia de los tribunales», afirman los críticos en referencia a la negativa de su superior a responder a las preguntas de Hurtado. Una negativa que justificó en que el instructor albergaría ya una certeza que le impide descubrir la verdad».

El miércoles, el fiscal general solo respondió a su abogado, porque la Fiscalía, representada por Ángeles Sánchez Conde, la número dos de la institución y mano derecha del propio García Ortiz,    renunció a interrogar a su jefe alegando «conflicto de antijuricidad». Según denunció, durante la instrucción se han producido actuaciones «invasivas de los derechos fundamentales» del investigado.

«El avance de la instrucción de la causa en el Tribunal Supremo y sus hitos procesales, ampliamente difundidos en los medios, superan las previsiones más pesimistas en cuanto a la erosión padecida por el Ministerio Fiscal. El panorama se ve agravado por la insólita posición en que se encuentra la fiscal actuante en la causa, contraria a la lógica procesal más elemental», lamentan los firmantes.

En su carta, dirigida directamente a García Ortiz, los fiscales 'rebeldes' le piden que renuncie al cargo por el «bien de la institución», porque –aseguran- «la imagen del Ministerio Fiscal que el fiscal general del Estado representa y la institución misma que debe salvaguardar están siendo sometidas una tensión insoportable» por el proceso abierto contra él en el Supremo por un delito de revelación de datos por haber supuestamente aireado un mail confidencial que el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso intercambió con el fiscal que le acusaba de dos delitos contra Hacienda; y en el que el letrado admitía la comisión de esos dos ilícitos por parte de su cliente.

Sostienen los trece fiscales firmantes que la permanencia de García Ortiz al frente de la institución al mismo tiempo «que viene siendo investigado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo» provoca «unos daños tan innecesarios como intolerables al prestigio de la Fiscalía», además de una «merma de la confianza de la ciudadanía en ella y un injusto pero real desánimo en la inmensa mayoría de los fiscales».

«Es necesario evitar la confusión entre la responsabilidad de la institución y la que pueda incumbir a quien ostenta su jefatura y representación», abundan los 13 firmantes, que reprochan a García Ortiz que su insistencia por permanecer en el cargo «difumina nocivamente la delimitación de una y otra esfera». Y le dicen que su «renuncia» no supondría «asumir o aceptar ningún tipo de responsabilidad» dejando «intacta la presunción de inocencia». Una salida –recuerdan– que le abriría la «vía para defenderse con plenitud de medios y facultades procesales y máxima dignidad, dejando, eso sí, al margen a la institución a la que se debe».