Oltra deriva a su directora general la investigación a la menor víctima de abusos

La imagen, la de una de las personas con más poder en el pacto del Botánico entrando a declarar, tiene un coste político y personal de enorme magnitud. La imposibilidad de garantizar la reserva de esas imágenes llevó al juzgado a descartar esta opción. La declaración de la vicepresidenta finalmente fue transcrita. Todo esto retrasó la salida de Oltra. Comenzó a las diez, paró a las tres de la tarde y la comparecencia se reanudó cerca de las 17:00 horas. Salió más cerca de las 20:30 horas. Agotador.

Oltra llegó visiblemente nerviosa a la Ciudad de la Justicia. El compromiso judicial era para estarlo. La dirigente, como ya ha hecho en anteriores ocasiones, defendió la legalidad de su actuación. Una intervención que habría sido de mínimos, según se desprende de su declaración, de modo que el trabajo de los técnicos y de los profesionales fue independiente sin intromisión por su parte. En concreto, volvió a negar que fuera ella la persona que encargó una investigación y la apertura de un expediente informativo, para saber qué había ocurrido con el tratamiento de la adolescente durante la investigación inicial del caso. Este dosier, que la Audiencia calificó de «investigación parajudicial», terminó siendo un informe para desacreditar a la víctima.

Oltra, en sus declaraciones previas a los medios de comunicación cuando aún no estaba investigada, admitió que fue ella que la dio la orden de ese expediente. Posteriormente, en su escrito para evitar la impugnación, rectificó. Ahora lo negó de nuevo ante el juez. Indicó que esas declaraciones, en las que incluso retaba a las acusaciones populares, fueron debidas a un «estallido emocional», según indican algunas fuentes.

La declaración se interrumpió en dos ocasiones a lo largo de la mañana. El interrogatorio del fiscal, que fue más breve, comenzó alrededor de las cinco de la tarde. Oltra insistió en todo momento en que no tuvo intervención y ni siquiera conocimiento del asunto desde el 4 de agosto, cuando llega una citación judicial a su domicilio con la orden de alejamiento de su exmarido, hasta finales de 2019, es decir, cuando se produce la primera condena de la Audiencia de Valencia. En todo este intervalo, Oltra, según afirmó, no tuvo conocimiento de nada del expediente. Es más, ni siquiera había leído el informe de Espill que consta en el expediente de información reservada de la conselleria. Algo que, algunas fuentes, calificaron de atentado a la lógica.

Le recordaron su exposición en Les Corts tras la segunda sentencia, cuando efectuó todo un relato cronológico de la actuación de su departamento y cuando ella decía «Yo» para señalar qué pasos había dado Igualdad. Para defenderse dijo que se trataba de un «singular mayestático». En todo momento, la exvicepresidenta quiso subrayar que los técnicos actuaban de manera autónoma, independiente. Y nunca recibieron instrucciones de nadie.

La exlíder de Compromís, según algunas fuentes judiciales, recurrió en exceso al discurso político cuando no encontró respuesta a las preguntas que le planteó el juez y el Ministerio Fiscal. Por ejemplo, cuando éste le preguntó acerca de si la conselleria era la tutora de la menor víctima de los abusos por qué nadie se personó en la causa judicial para defenderla. La menor no tuvo un abogado que defendiera sus intereses en el primer juicio por los abusos. La Fiscalía defendió sus intereses, tal y como hace en todos los procedimientos. Oltra se limitó a responder que cambió la ley para que los abogados de la Generalitat pudieran personarse. Pero la realidad es que ni ahora representan los intereses de la víctima.

Oltra, tras su declaración, se limitó a subrayar que había contestado a todas las partes (juez, fiscal y defensa) y mostró su confianza en que su versión convenciera al juez. «No es el momento de hablar de eso», indicó acerca de la esperanza de un archivo y ese hipotético regreso posterior a la actividad política.

Además, quiso declarar pese a que todavía se desconoce si el juez admitirá una de las diligencias reclamadas por las partes, como es el acceso a los correos electrónicos que cruzaron los investigados en el momento de las primeras indagaciones acerca de la credibilidad de la menor. De aceptarse esta petición, el contenido de esos 'mails' puede ser clave para mantener los indicios, aunque también para eliminar dudas.