Los nietos de Franco recurren su exhumación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

El recurso, presentado este miércoles incide en que la exhumación de los restos mortales de Francisco Franco del Valle de los Caídos se realizó con fundamento en una ley que no cumple los requisitos de generalidad y claridad exigidos por la Convención Europea de Derechos Humanos. En una nota de prensa distribuida por el despacho Hernández-Canut, que es el que ha presentado el recuso, se insiste que «bajo la apariencia de una legislación general o imparcial» no tenía otro objetivo que proceder exclusivamente a la exhumación de su abuelo. Se trataría por tanto de una ley de «caso único» que vulneró las garantías del derecho a la vida privada y familiar de los demandantes «en la vertiente de derecho a disponer de los restos mortales de los familiares fallecidos».

Así, continúa el escrito, se ignoró la designación por los nietos de Franco del lugar de reinhumación de los restos -en la catedral de La Almudena-, fijando arbitrariametne el cementerio de Mingorrubio y obviando así lo que dice la ley al respecto, que prevé la fijación por las administraciones públicas en casos como discrepancias entre familiares o falta de fijación de un lugar que no se dieron en este caso. A eso se añade que a la cripta de Mingorrubio, por ser de titularidad estatal, no tienen libre acceso, teniendo que pedir autorización cada vez que quieren visitar la tumba de sus abuelos -también se encuentra allí enterrada Carmen Polo. Por ello, consideran que el Gobierno «ha expropiado de hecho» el cadáver de Franco.

Esta norma de caso único vulnera asimismo la prohibición de discriminación al vulnerar el derecho de igualdad ante la ley porque, pese a ordenarse como de urgente y utilidad pública la exhumación de todos los restos del Valle de los Caídos, el único en salir de allí por el momento ha sido el del dictador «sin que a la luz de las declaraciones públicas de los miembros del Gobierno , la ley vaya a tener otra aplicación». Así, la familia Franco habría obtenido un trato perjudicial respecto de los familiares del resto de las 191 personas inhumadas en el Valle «sin ser víctimas de la Guerra Civil», y dicha discriminación lo sería por razones políticas.

Finalmente, respecto a la vulneración del derecho a un proceso equitativo, la defensa de los Franco denuncia que las sentencias del Supremo y del Constitucional que avalaron la decisión del Gobierno adolecen de graves defectos de motivación, «incluida la incongruencia y falta de respeto al principio de distribución de la carga de la prueba, recurren a formalismos excesivos y desconocen la reiterada jurisprudencia aplicable en materia de suspensión de los actos administrativos». Cargan especialmente contra el Supremo, al que acusan de faltar a la verdad al afirmar que los familiares habían dejado pasar el plazo asignado para fijar un lugar para la reinhumación, hurtando a los familiares este derecho.

El TEDH deberá ahora decidir sobre la admisión a trámite de la demanda y, en caso de hacerlo, solicitará al Gobierno la presentación de alegaciones a las que los demandantes podrán responder.