
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e habían visto el lunes en un acto de RTVE en el que se prodigaron sonrisas, besos y abrazos, pero en el que fue patente, ... también, la embarazosa situación que atraviesan por su disenso frontal sobre la tributación en el IRPF impuesta, por primera vez, por el Ministerio de Hacienda al Salario Mínimo Interprofesional. Ayer el reencuentro público de la vicepresidenta primera y responsable de la medida, María Jesús Montero, y de la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y opositora a la misma, Yolanda Díaz, se produjo como todos los miércoles de sesión de control al Gobierno en sus escaños contiguos en la bancada azul del Congreso. Los argumentos de una para defender las razones de su iniciativa, frente a la avalancha de preguntas de un PP que utilizó sus turnos para evidenciar y azuzar la división en el Ejecutivo, y los gestos de desagrado de la segunda exhibieron el cisma en sede parlamentaria. Antes, en el choque inaugural del pleno, el presidente Sánchez esgrimió, a la defensiva, los datos de crecimiento económico y la corrupción del PP para intentar contrarrestar el ataque de Alberto Núñez Feijóo.
Aunque los socialistas y Sumar llevan una semana, una vez se constató el disenso en la tensa rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del día 11, apelando a evitar que la sangre llegue al río, lo cierto es que las posturas siguen sin moverse. Montero, que este domingo será entronizada por el PSOE de Andalucía –núcleo de perceptores del SMI– como su nueva líder en presencia de Sánchez, dio prueba en su intervención de que no está dispuesta a ceder. Al menos, por ahora. La ministra de Hacienda incidió en hacer «pedagogía» enfatizando que el objetivo de hacer tributar el SMI «no es recaudar más», sino «no recaudar menos porque en los últimos seis años ha subido 400 euros en términos mensuales».
En el entorno de la vicepresidenta primera subrayan que ésta no va a renunciar a «sus principios» porque se la acuse –falsamente, rebaten– de «subir impuestos»; la misma contundencia con la que el equipo de Díaz descarta que sea ella la que vaya a transigir porque eso «es no conocerla». Mientras los socialistas insisten, por boca de Patxi López, en que arrostran el riesgo de quedarse solos, con socios y oposición reprobando su medida, porque les asiste «la razón», los magenta creen tener ganado el debate en la calle. Así las cosas, y con las tres proposiciones de ley contrarias a Hacienda –las registradas por Podemos, PP y Sumar, por este orden– ya calificadas por la Mesa del Congreso, el ministerio se ratifica en que adoptará «todas las medidas legales» a su alcance para intentar frenarlas; es decir, empleando la prerrogativa del veto constitucional, aunque éste pueden levantarlo populares y magentas confluyendo en una mayoría en la Mesa. Aunque no anticipa escenarios, Montero asumirá lo que determine el Congreso si se llegara a una confrontación que sería letal para la cohesión del Gobierno.
Hacienda se esfuerza en subrayar que si se sigue eximiendo de tributar al SMI, que ha alcanzado ya, a sus ojos, el listón de un sueldo digno con la última subida hasta los 1.184 euros en 14 pagas, el salario mínimo quedará estancado y «tocado de muerte» porque ya no se podría elevar más. No, según vienen reiterando, porque eso supondría continuar ampliando el margen exento con afectación no solo para el medio millón de perceptores del SMI –sobre 2,4– que sufrirán ahora retenciones, sino para el conjunto de los trabajadores. Y eso, que Montero ha cifrado para este ejercicio en una pérdida de recaudación de entre 1.700 y 2.000 millones, Hacienda lo cuantifica en 5.000 en los dos años precedente en que el SMI siguió sin tributar.
En consonancia, la tesis de Montero en el pleno –en el que se las tuvo tiesas, entre otros, con el popular Elías Bendodo, al que tildó de «machista»– fue que lo que persigue es «evitar que se recaude menos» para así mantener el Estado del bienestar. En su ministerio, donde también hacen hincapié en que los beneficiarios del SMI solo tendrán que tributar un 1,6% sobre la totalidad de sus ingresos, no hablan, por ahora, de vías intermedias para intentar llegar a un punto de entendimiento con los de Díaz y con el resto de aliados parlamentarios que, al igual que el PP, están en contra de la medida. La vicepresidenta primera también incidió en que el 80% de personas que perciben el salario mínimo no van a tener que pagar IRPF, cuando «en la época del PP estos salarios tributaban 839 euros», se revolvió. Sentada a su lado, con gestos de disconformidad, Díaz optó por pasar de puntillas en la polémica en su respuesta al PP y asistir como oyente al resto del debate. Más tarde, en un acto en Granada, se esforzó en advertir al PP de que, «por mucho que lo intente», «no va a dividir» al Gobierno de coalición, que «funciona, dijo, aun «pensando diferente».
El debate sobre la tributación a los perceptores del SMI centró también el cara a cara sin concesiones que mantuvieron a primera hora Sánchez y Feijóo. El líder de los populares acusó al presidente de «freír a impuestos» a los españoles y de «saquear a los trabajadores». «¿Ahora los mileuristas son los nuevos ricos? Hace tributar a los perceptores de SMI, pero se gasta 2.000 millones en Telefónica, tiene 400 asesores más (...). El esfuerzo de la gente acaba por transformarse en cesiones para sus socios», le espetó.
Sánchez, que no defendió expresamente en su intervención la tributación del SMI, respondió afeándole los casos de corrupción protagonizados por el PP –con mención para Luis Bárcenas– y esgrimiendo como escudo los datos económicos. «Es usted para la política española lo que la criptomoneda para los votantes argentinos, una gran estafa», ironizó.
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