La Mesa del Parlament será sometida a «vigilancia policial» hasta el 9 de noviembre

Antes de la suspensión, los imputados han sido recibidos con gritos de “libertad” por parte de los cargos nacionalistas que se han desplazado a Madrid e increpaciones de “traidores” por parte del poco público presente. Los acusados han acudido a la sede judicial acompañados por casi un centenar de responsables del PDeCAT, de ERC, Podemos y ‘comuns’, entre ellos Pablo Echenique, Albano Dante Fachin, Gabriel Rufián Joan Tardá, Carles Campuzano, Artur Mas, Neus Munté, Marta Pascal y David Bonvehí, o Xavier Domenech. También el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha acudido a arropar a los imputados. Carme Forcadell, todavía presidenta del Parlament, ha sido la única encausada que ha llegado en coche oficial a la puerta del Supremo a las 9:21. El resto de la comitiva lo ha hecho a pie.

A partir de las 9:30 de las mañana tenían que haber comenzado los interrogatorios suspendidos de los seis parlamentarios encausados que todavía tienen aforamiento por pertenecer a la comisión permanente. Se trata de Carme Forcadell, presidenta del Parlament; Lluís María Corominas, exvicepresidente primero de la Mesa, y expresidente del grupo parlamentario de Junts Pel Sí (JxS); Lluís Guinó, exvicepresidente primero de la Mesa y diputado de JxS; Anna Simó: exsecretaria primera de la Mesa y diputada de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC); Ramona Barrufet: exsecretaria cuarta de la Mesa y diputada de JxS; y Joan Josep Nuet: exsecretario tercero de la Mesa y exdiputado de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP).

Todos ellos, acusados de presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación que les podrían comportar hasta 30 años de cárcel, están llamados a declarar ante el instructor Pablo Llarena. La Fiscalía les acusa de haber tramitado las denominadas leyes de desconexión con Espñaña -Ley del Referéndum y Ley de Transitoriedad-, el debate de la declaración unilateral de independencia y por haber participado en su votación. Y todo ello, desoyendo los informes de los servicios jurídicos de la cámara que les advirtieron en numerosas ocasiones de que era ilegal.