Marlaska y Bolaños piden «no hacer caso» al yihadista del 17-A tras alentar la teoría de la conspiración en el Congreso

El portavoz de los populares en el Congreso, Miguel Tellado, tildó de «espectáculo lamentable y antidemocrático» lo vivido en la tarde del jueves, asegurando que se trata de algo «suficientemente grave» para que Armengol ponga su cargo a disposición y dimita, porque pone de manifiesto que «no está a la altura». Los populares recuerdan que, al igual que lleva ocurriendo desde el inicio de la actual legislatura, todo se enmarca en las cesiones a Junts que propiciaron, primero, la investidura de Pedro Sánchez y, luego, la elección de Armengol como máxima representante del Legislativo.

El Gobierno, mientras, trató de pasar de puntillas sobre el asunto y minimizar el testimonio del recluso. Lo hicieron los ministros de Justicia, Félix Bolaños, y de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que coincidieron en un acto contra el crimen organizado en Cádiz, pidieron que no se dé importancia a las declaraciones del preso yihadista condenado a 43 años de cárcel. Pero la titular de Defensa, Margarita Robles, sí se mostró más dura y tachó de «inaceptable» que el yihadista afirmara que el CNI dejó al imán de Ripoll montar la célula que terminó atentando, recalcando que esas acusaciones son «teorías conspiranoicas» y alabando la labor del centro bajo su ministerio.

«Me parece inaceptable lo que pasó en el Congreso, que se quieran sembrar dudas sobre la actuación del personal del CNI, ahora o en 2017», señaló la ministra. Críticas que, no obstante, chocan con el hecho de que fuese el PSOE quien permitiese traer hasta el Congreso al terrorista –a petición de los de Puigdemont– y que se celebrase una comparecencia en la que, incluso los grupos que estaban de acuerdo con la citación, acabaron recriminando a este que no aportase ningún dato para ayudar a esclarecer lo sucedido. Y que, en cambio, sí vertiese acusaciones contra los servicios secretos sin ningún tipo de pruebas.

Aunque más contundente todavía se mostró el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, quien lamentó que «santificar el lema de 'hacer de la necesidad virtud'», al que Pedro Sánchez se acogió para defender la apuesta sobrevenida por la ley de amnistía, haya servido para justificar la controvertida citación de un terrorista en el Congreso. «En este país se justifican las cosas más horrorosas», apuntó el barón socialista.

Mientras que Junts, el artífice de que el yihadista acudiese a sede parlamentaria, continuó ayer con su propia guerra y destapó su siguiente petición a Moncloa en este frente: desclasificar más documentos del 17-A y «llegar hasta el final» para que se sepa toda la verdad –pese a que ya se dictó sentencia– sobre los crímenes. Semanas atrás, el Gobierno desclasificó información reservada que señalaba que el CNI sondeó el reclutamiento como confidente de Abdelbaki es-Satty descartándolo finalmente. Pero los independentistas exigen ir más allá.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, dio ayer toda la credibilidad a Houli y señaló que la sociedad y los familiares de las víctimas «tienen derecho a saber» toda la verdad. «Son muchas cosas que apuntan en la misma dirección. Hay muchos interrogantes, el Gobierno no puede seguir mirando hacia otro lado», afirmó sobre el papel del CNI en relación a los atentados. Según Turull, si una acusación anónima sirvió durante el 'procés' para abrir una causa contra el independentismo, la confesión de Houli debería servir para llegar hasta el final en la investigación.