Marlaska amenaza con echar a los guardias que prometieron «derramar» su sangre

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha ordenado este lunes expedientar disciplinariamente y suspender cautelarmente de sus funciones por una falta muy grave -una sanción que puede conllevar la expulsión del cuerpo- a tres agentes que, en ejercicio de sus trabajo sindical, han hecho declaraciones o han elaborado manifiestos en contra del Partido Socialista y sus acuerdos con los secesionistas catalanes.

El director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, ha ordenado abrir expediente por «grave incumplimiento del deber de neutralidad política y otras obligaciones básicas» al portavoz del mayor colectivo profesional del cuerpo, Agustín Leal, por calificar de «felonía» las entonces conversaciones, ahora ya plasmadas en un acuerdo formal, entre Sánchez y Junts y ERC para cerrar una amnistía a cambio de los votos para la investidura.

Marcos, con las mismas acusaciones, ha abierto un expediente disciplinario a los número 1 y 2 de Aprogc, la asociación que emitió un comunicado el pasado viernes en el que los miembros del colectivo se declaraban «dispuestos a derramar la última gota» de su «sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y de su ordenamiento constitucional».

Las órdenes de Interior de mano dura ante los comentarios de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil en contra de la política del Gobierno en funciones están derivando en los últimos días en una guerra abierta entre Marlaska y los mayores colectivos del instituto armado.

El sábado, Jucil, Ases-G, Aegc, Unidad de Oficiales y la Asociación Profesional de Cabos, cinco de las mayores asociaciones, firmaron un manifiesto conjunto en el que calificaban los acuerdos entre el PSOE y los independentistas catalanes de «ataque a la línea de flotación de la independencia judicial» y de «quebranto de la separación de poderes, el pilar básico de un Estado de Derecho».