Justicia presentará este año la reforma para que los fiscales instruyan los casos

Campo se puso especialmente serio, consciente de que no menos de una decena de sus antecesores habían hecho la misma promesa en el mismo sitio. Habló de «reto nacional» y se atrevió a poner plazos a riesgo de pillarse los dedos como otros ministros de Justicia. Aun así, Garantizó que antes de que acabe 2020 habrá un proyecto de nueva Lecrim que cumpla con el deseo casi unánime en los tribunales de que sean los fiscales, y no los jueces de primera instancia, los que instruyan los casos penales tal y como ocurre en la mayoría de países de nuestro entorno. «Es absolutamente perentorio que demos el paso de superar una legislación decimonónica, estructural y sustantivamente desbordada por la realidad procesal», dijo con solemnidad el nuevo ministro de Justicia.

«No podemos decir que tenemos un Lecrim de 1882 y quedarnos tan anchos», se quejó, antes de lamentar, como varios de los portavoces parlamentarios que le siguieron en el uso de la palabra, la infinidad de proyectos fallidos de reforma, a pesar de que existe un consenso parlamentario amplísimo de que esta ley hace mucho que quedó obsoleta a pesar de los pequeños retoques con los que se ha maquillado su envejecimiento.

«Hay que garantizar un proceso penal moderno, democrático y plenamente adaptado a los principios constitucionales, atribuyendo la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal y fortaleciendo las garantías constitucionales, deslindando las funciones instructoras de los juzgadores», apuntó el compareciente.

El ministro intentó centrar su intervención en la modernización de la «maltrecha administración de Justicia». Presentó, a modo de golpe de efecto el 'Plan Justicia 2030' para «promover la eficiencia operativa del servicio público de justicia» o poner en marcha una verdadera «transformación digital» en los tribunales.

Campo habló de pacto de Estado y tendió la mano a la oposición sin nombrar ni una sola vez en su exposiciónde los planes de su departamento, la intención del Gobierno de Sánchez de reformar el delito de sedición. Pero la oposición se acordó de esa reforma y los grandes acuerdos para las grandes reformas quedaron aparcados del debate. Edmundo Bal, de Ciudadanos, llegó a calificar de «tropelía y vergüenza» el proyecto del Ejecutivo socialista de reformar el Código Penal para, apuntó, contentar a los independentistas catalanes. El diputado del Partido Popular Luis Santamaría acuso directamente al Gobierno de «fraude» por «crear espacios de impunidad para los golpistas».

En ese debate sobre el delito por el que se han sido condenado los líderes del 'procés' tuvo especialmente protagonismo Jaume Alonso-Cuevillas, portavoz de Justicia de JxCAT en el Congreso de los Diputados,quien además es el abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Alonso-Cuevillas, reclamó al ministro «valentía» para «derogar», y no solo «suavizar», el delito de sedición, al tiempo que le recriminó que no hubiera hecho referencia alguna a un «conflicto territorial que jamás debió salir de la política y jamás debió ser judicializado»

La 'cupaire' Mireia Vehí fue más lejos y exigió al ministro Juan Carlos Campo la «amnistía»_de los presos catalanes condenados por el 'procés'.