Junts no acepta un control fronterizo compartido entre los Mossos y los cuerpos estatales

La Generalitat catalana avanzó ayer que el control de las fronteras por parte de los Mossos d'Esquadra será «compartido» con la Policía Nacional y la Guardia Civil. Así lo aseguró la consejera de Interior de la Generalitat, Núria Parlón.

El Gobierno y Junts negocian el traspaso de las competencias de inmigración a la administración catalana. Llevan más de un año. Los de Puigdemont reclaman una gestión integral de estas atribuciones, incluido el control de las fronteras por parte de la Policía catalana, así como los expedientes de expulsión, los NIE o la capacidad de cerrar centros de internamiento de inmigrantes. Parlón situó el control fronterizo compartido como el «común denominador» entre las dos partes.

Junts, en cambio, volvió a replicar que la gestión competencial por parte de la Generalitat en materia de inmigración, incluidas las fronteras, debe ser «integral» y «no un consorcio» con las autoridades estatales.

El Govern, que es quien deberá asumir la aplicación práctica del acuerdo al que lleguen el Gobierno y Junts, advierte de que el cuerpo policial autonómico no tiene a día de hoy «capacidad para asumir más competencias», si no hay un incremento en el número de agentes. Su objetivo es alcanzar los 25.000 policías, frente a los 18.000 actuales. Con el incremento, Parlón cree que los Mossos estarán en disposición de asumir la seguridad de puertos y aeropuertos a partir del mes de septiembre.

El Departamento del Interior, mientras, chocó con Junts al dar casi por descartada la idea de poner protección de los Mossos a Puigdemont. El Govern anterior dio el paso de solicitar escolta al Ministerio del Interior, que es quien tendría que dar la autorización. El Gobierno de Illa, en cambio, ha enfriado esta posibilidad, que forma parte de lo que Junts incluye en la carpeta de la amnistía política del expresident.

Socialistas y junteros encallan en la negociación sobre inmigración, pero se han metido ya en harina para buscar un acuerdo sobre el techo de gasto, el paso previo a los Presupuestos Generales del Estado.