El juez mantiene el tercer grado a Forcadell y Bassa

Este recurso de la Fiscalía reclamaba medidas cautelares para suspender de inmediato el tercer grado sin esperar a la resolución definitiva de los jueces. Como ya ocurrió con la primera concesión del tercer grado, en julio pasado, el juzgado que cursa los recursos de Bassa y Forcadell se ha mostrado favorable a mantener el tercer grado «a la espera del pronunciamiento definitivo sobre el recurso presentado por el ministerio fiscal». La «suspensión puede afectar a una restricción de derechos» supondría el «inmediato reingreso penitenciario» de las internas, según el auto dado a conocer esta mañana.

En el caso de los presos varones, sus recursos los tramita otro juzgado de vigilancia penitenciaria y de momento no se ha pronunciado. Pero en el caso de la primera concesión del tercer grado, el juez decretó su suspensión cautelar a la espera de la decisión definitiva.

El Supremo revocó el régimen de semilibertad en diciembre del año pasado. Los nueve presos pasaron automáticamente a estar clasificados en segundo grado, sin poder salir durante el día a trabajar y pasar los fines de semana en casa. La Generalitat, en cambio, una vez superado el periodo reglamentario para revisar la clasificación penitenciaria aprobó a finales de enero el tercer grado a los presos del 'procés' justo al inicio de la campaña electoral.

La Fiscalía impugnó esa decisión tras las elecciones. El Ministerio Público afirmó que «no puede obviarse la extrema gravedad de los delitos cometidos» y no puede «utilizarse la progresión a tercer grado en fases tan iniciales de cumplimiento de la pena, como es el caso, como un modo de alterar la decisión condenatoria de la sentencia y su efectivo cumplimiento». La Fiscalía argumentó además que los presos han admitido los hechos por los que fueron sentenciados y sus consecuencias, pero mantienen que fue una actuación legitima y no han admitido que sean un delito.

El escrito del Ministerio Público reprochó a la Generalitat «el goteo cronológicamente medido» de propuestas de permisos o progresión de grado para los presos del 1-O, de los que cuestionó que se propongan a la vez para todos ellos. Lo atribuyó a una política penitenciaria «dirigida no tanto a su rehabilitación sino directamente al objetivo de alterar la decisión condenatoria de la sentencia y su efectivo cumplimiento», y consideró que la nueva propuesta de semilibertad pone en evidencia el desacuerdo de la administración con la sentencia.

Las dos internas mantienen su situación actual, pero el juzgado ya avisa que no ha entrado en el fondo y que solo resuelve la medida cautelar. «El presente dictado no resuelve sobre el fondo del asunto, por lo que no tiene por objeto la revocación de tercer grado, o su mantenimiento«, señala el magistrado.