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El magistrado Manuel García-Castellón sigue estrechando el cerco a los exjefes de ETA. El instructor ha imputado a seis de los antiguos cabecillas de la banda terrorista por el atentado del 4 de agosto de 2002 contra el cuartel de la Guardia Civil en ... la localidad alicantina de Santa Pola que se cobró dos víctimas mortales: la niña de seis años Silvia Martínez Santiago, hija de un agente del instituto armado, y Cecilio Gallego, un jubilado que estaba esperando al autobús.
El juez, que el pasado 29 de marzo reabrió este sumario tras admitir a trámite una querella de Dignidad y Justicia, decide ahora imputar a todos los señalados, después de que los servicios de Información de la Guardia Civil hayan confirmado que hace dos décadas los seis estaban en lo más alto de la organización y en concreto en su 'aparato militar'. Los encausados son Juan Antonio Olarra Guridi, 'Jon'; Ainhoa Mugica, 'Olga'; Félix Ignacio Esparza, 'Navarro'; Mikel Albisu, 'Mikel Antza'; Ramón Sagarzazu, 'Ramontxo'; y María Soledad Iparraguire, 'Anboto'.
En su atestado, la Guardia Civil avala la tesis de Dignidad y Justicia de que todos son ellos están implicados en la decisión de dar la orden de colocar un coche bomba la tarde de aquel domingo de hace casi 20 años cebado con cien kilos de dinamita Titadyne y metralla frente a la casa cuartel de la Guardia Civil del municipio mediterráneo. Además de matar a la pequeña Silvia y Cecilio Gallego, la deflagración provocó heridos y cuantiosos daños materiales.
La primera diligencia que ordenó el magistrado tras resucitar el sumario 9/2002 fue ordenar a los servicios antiterroristas de la Policía y la Guardia Civil que recabaran «cuantos datos obren en su poder que permitan relacionar» a los seis exjefe etarras que señala Dignidad y Justicia con aquel atentado por el que fueron ya condenados en 2012 a un total de 843 años de cárcel los terroristas Óscar Zelarain y Andoni Otegi, autores materiales de la colocación del vehículo lleno de explosivos.
Tras incoar diligencias este mismo mes de marzo y obtener el apoyo de la Fiscalía para reabrir esta investigación, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia reactivó el caso siguiendo la tesis abanderada por Dignidad y Justicia para proceder penalmente contra el «autor detrás del autor». O lo que es lo mismo, perseguir a los cabecillas por ser los responsables intelectuales de los atentados o por no haberlos impedido a pesar de que tenían capacidad para hacerlo («comisión por omisión»).
En el caso concreto de la bomba de Santa Pola, la querella sostiene que los seis cabecillas de ETA integraban presuntamente por entonces la cadena de mando intermedia y el comité ejecutivo de la banda terrorista. Y que pese a su ascendiente, omitieron dar contraórdenes para que el atentado no fuese perpetrado.
La reapertura de este sumario, al no haberse cumplido 20 años desde su incoación, no se vería afectada por el rechazo de la Fiscalía a aplicar la denominada 'doctrina Miguel Ángel Blanco', que busca poder actuar contra los responsables intelectuales y materiales de los atentados cometidos hace más de dos décadas.
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