El juez imputa a 49 personas de la órbita de la antigua CDC por desvío de fondos de la Diputación de Barcelona

Entre los imputados está Víctor Terradellas, exresponsable de relaciones internacionales de Convergència y presidente de la fundación Catmon, una entidad que tiene como objetivo el reconocimiento internacional de la «nación catalana» y la cooperación «con aquellos pueblos del mundo que padecen un mayor olvido por parte del mundo occidental». Terradellas, muy próximo a Puigdemont, ofreció a políticos rusos el apoyo de Cataluña a la anexión rusa de Crimea a cambio del reconocimiento del Kremlin de la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017, según publicó El Periódico. Terradellas fue acusado de haber financiado la estancia de Puigdemont en Waterloo aunque el dirigente nacionalista lo negó. «Pongo la mano en el fuego que no hemos dado ni un euro para que Puigdemont pueda vivir en Bruselas o Waterloo ni tampoco por el 1-O», dijo sobre la investigación y sobre las subvenciones recibidas por su fundación por las que ya fue detenido y ahora ha sido llamado a declarar.

También está citado en el auto judicial el actual diputado de JxCat, Francesc de Dalmases, colaborador de la fundación antes de su elección como parlamentario. El juez, en cualquier caso, precisa que «no procede» citarle como investigado ante el juzgado de instrucción dado que tiene la condición de aforado ante el TSJC, por su condición de parlamentario catalán. Una vez que la Guardia Civil finalice el estudio de la prueba documental y hayan prestado declaración todos los imputados, el juez señala que remitirá una exposición razonada al TSJC por si la sala de lo civil y penal considerara que existen motivos para abrir diligencias contra el diputado nacionalista.

En el centro de la investigación está Salvador Esteve, presidente de la Diputación de Barcelona entre 2011 y 2015 y exdirigente de Convergència, detenido en mayo de 2018 en el marco de esta investigación. La Guardia Civil sospecha que el exadjunto a la Presidencia de la Diputación, Joan Carles Garcia, colocó a dos dirigentes próximos a Convergència para que desde sus cargos autorizasen «subvenciones cargadas de irregularidades a fundaciones próximas a la antigua CiU y PDeCAT«.