Los interinos con más antigüedad podrán ocupar su plaza sin opositar

La principal queja de los grupos se refiere a la opción que se ofrecerá a los trabajadores interinos - 800.000 según los sindicatos y 310.000, según el Ejecutivo- para regularizar su situación: un concurso-oposición con una parte teórica y otra de acreditación de méritos. La teórica pesará un 60% y tendrá carácter eliminatorio y la otra un 40%, en el que la experiencia ponderará como mínimo un 50%. Aquellos que no logren superar el proceso recibirán una indemnización de 20 días por año trabajado con límite de un año (la misma fijada para el ámbito privado en la denostada reforma laboral del PP). El principal reproche es que se hace recaer sobre quienes son víctimas de un problema creado por el propio Estado todo el peso de su rectificación.

A primera hora de la mañana, el Gobierno veía prácticamente perdido el debate. «Hemos cambiado de posición en cinco horas», admitió de hecho la portavoz republicana, Pilar Valuguera. «Debemos una explicación a todas las personas que esperaban otro voto de nosotros». Su posición fue clave porque ni EH-Bildu ni la CUP ni el PdeCAT ni el BNG se mostraron dispuestos a dar a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero -que en la última remodelación del Gobierno ha asumido también las competencias sobre la Función Pública- un voto de confianza. Esquerra, que suma 13 diputados, lo hizo tras adquirir, entre otras cosas, el compromiso de que el texto modificado está estará en vigor ya en octubre.

Entre los cambios que los socialistas se muestran dispuestos a asumir estarían, a propuesta de Unidas Podemos, que ni las pruebas ni la fase de oposición tengan que ser obligatoriamente eliminatorias y que, en los casos en los que sea posible, los interinos puedan conservar su nota diez años. Esquerra, mientras, ve atentida su exigencia de que se permita el acceso a la plaza sin opositar para el personal temporal con más de diez años de experiencia en base al artículo 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público que habilita la valoración de méritos para el acceso como posibilidad excepcional.

Pese a su sufrido éxito parlamentario, el Gobierno tuvo que oír muchos reproches del resto de fuerzas parlamentarias tanto en lo que se refiere a esta norma - «ustedes lo que van a hacer es el mayor ERE de la historia y las condiciones de despido no se la permitirían a una empresa privada», llegó a decir la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas- como en lo que se refiere a los otros dos decretos debatidos. El del IVA de la luz salió adelante sin problemas porque nadie se quería hacer responsable de privar al consumidor de esa medida pero la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, tuvo que oír las críticas de todo el arco parlamentario por limitarse a llevar a la cámara una iniciativa que supone un mero «parche» y no soluciona el problema de fondo de la factura eléctrica. Todo en un día en el que el precio mayorista de la luz alcanzó un nuevo máximo histórico.

Tampoco algunos socios se ahorraron críticas en lo que respecta al decreto del uso de la mascarilla. Sin embargo, tanto el PNV como Esquerra, las dos fuerzas aliadas de las que cabía esperar un voto en contra se inclinaron finalmente por la abstención.