Iglesias y Garzón callan ante la subida de la luz que antes criticaban

El incremento en este inicio de 2021, poco más de tres años después de aquellos tuits, asciende al 27 por ciento, mucho más elevado que entonces. Pero tanto Iglesias como Garzón han evitado pronunciarse sobre esta subida, que dispara la factura eléctrica del usuario medio hasta los 80 euros en pleno temporal de frío, un aumento del 19 por ciento sobre los 67 euros de las mismas fechas del año pasado. Ante las críticas recibidas en redes sociales, Garzón ha asegurado que el Gobierno ha pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que investigue «si ha habido irregularidades en el mercado» y ha anunciado que «estamos buscando soluciones definitivas para una tarifa regulada que proteja especialmente a las familias más vulnerables». Iglesias sigue sin pronunciarse.

También el presidente Pedro Sánchez advirtió, tras una subida del ocho por ciento, del «riesgo de más gente sufriendo pobreza». Pero ha sido la incongruencia de los miembros de Unidas Podemos lo que ha generado más críticas entre la oposición y también entre personajes afines al partido como la escritora Lucía Etxebarría: «Hace un año nos decían que iban a bajar la factura de la luz. Pues ha subido un 27% y el ministro de consumo es de Unidas Podemos». También Compromís ha exigido al Gobierno que tome medidas contra las subidas de la luz y ha pedido a Iglesias que aplique ahora la regulación que exigía cuando estaba en la oposición.

¿Pero por qué sube la factura? La energía eléctrica no puede almacenarse porque aún no existe tecnología suficiente, de modo que el precio de la luz se fija diariamente en función de la demanda de los consumidores y de las ofertas de las compañías eléctricas. Por eso varía con tanta frecuencia. Es necesario imaginar una piscina donde las empresas van arrojando sus ofertas. La imagen no es aleatoria: el mercado mayorista de energía se denomina 'pool' (piscina en inglés) eléctrico. Con una jornada de antelación, al mediodía, las comercializadoras presentan sus ofertas de venta de energía. Cada empresa debe formular 24 ofertas, una por hora, para el día siguiente.

El sistema funciona como una subasta que organiza el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). Los productores más baratos, generalmente las centrales nucleares, lanzan sus ofertas primero. Luego la piscina va llenándose con los precios en sentido ascendente, de modo que las ofertas de las energías renovables, menos costosas, suelen quedar en el fondo mientras que en la superficie prevalecen las tecnologías más caras, como los ciclos combinados de gas o carbón. El OMIE casa las ofertas recibidas con la demanda de las distribuidoras y algunos grandes consumidores. El problema es que el precio final se establece por la última productora que haya entrado en la piscina, lo que acaba encareciendo el coste.

Los aumentos registrados en el precio de la luz responden a un cóctel de factores, aunque entre los motivos que suelen alegarse destacan el incremento en el coste del petróleo y el gas y de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2). El encarecimiento de las materias primas se suma a factores externos que disparan la demanda de electricidad, como las olas de calor o frío. Las asociaciones de consumidores denuncian que tras estas subidas se esconde el interés de productoras y comercializadoras en ampliar sus márgenes de beneficios. Los reguladores de la competencia revisan si hay posibles malas prácticas tras estos precios desorbitados.

Productores, distribuidores y comercializadoras alegan que los incrementos son el resultado de casar oferta y demanda. La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios en Acción (Facua), sin embargo, considera que estos incrementos no están justificados y sostiene que el modelo de subasta promueve la especulación energética, además de acusar a las compañías de inflar precios de forma fraudulenta. Como consumidores, tenemos dos posibilidades: ser clientes con tarifa regulada (PVPC), solo disponible para potencias inferiores a 10 kilovatios (kW), o tener un contrato a precio libre. En cualquier caso, es importante tener en cuenta que la factura de la luz se divide en una parte variable y otra parte fija. La parte fija incluye impuestos, peajes y primas y supone cerca del 65 por ciento del recibo.

La potencia que necesita cada vivienda varía mucho según el número de habitantes, electrodomésticos o dispositivos electrónicos, el tiempo que pasemos en casa o la simultaneidad en el uso de nuestros aparatos. Si nunca han saltado los plomos es buena señal; podría reducirse la potencia contratada, aunque hay que ser prudentes porque algunas compañías no permiten más de uno o dos cambios al año. Partidos como Podemos e Izquierda Unida (ahora en el Gobierno bajo la confluencia Unidas Podemos) llevan años reclamando una regulación de estos precios. O al menos lo reclamaban cuando estaban en la oposición.