Los letrados judiciales siguen la huelga y Justicia les acusa de "elevar" sus exigencias salariales

Ni el "desolador" panorama que está provocando este paro -más de 156.000 vistas y juicios suspendidos en todo el país y unos 560 millones de euros paralizados en la cuenta de consignaciones judiciales- ni los llamamientos al "desbloqueo" de los gobiernos y parlamentos de las Comunidades Autónomas han servido de acicate para sacar un mínimo principio de acuerdo en la mesa de negociación. Nada.

Desde el departamento de Pilar Llop han atribuido a la "cerrazón" del comité de huelga -representado por las tres principales asociaciones de este Cuerpo Superior Jurídico compuesto por 4.300 funcionarios- como el principal motivo del desencuentro. Incluso han revelado que los letrados judiciales "han elevado sus exigencias (sobre la subida salarial) respecto a las inicialmente planteadas y sin proponer ninguna otra alternativa".

Representados en la mesa por el secretario de Estado de Justicia, Antonio 'Tontxu' Rodríguez, número dos del ministerio, el gabinete de Llop ha culpado a los huelguistas por no querer "avanzar en el diálogo y la negociación" y por plantear una nueva propuesta retributiva que "supondría una doble cláusula de enganche". Esto supone referenciar la cuantía de sus retribuciones a las de los jueces y magistrados, es decir, además de que cada letrado, individualmente, cobre el 85% de lo que perciben los jueces de sus respectivos órganos judiciales, el conjunto de la masa salarial estará también referenciada a la de la la carrera judicial, lo que en la práctica supondría "una doble subida salarial", explican desde Justicia en un comunicado.

El ministerio avanza que ha propuesto estudiar una mejora de salario (la media actual es de 47.000 euros brutos al año) , pero "basada en los grupos de población y en los destinos de los letrados, que beneficiaría especialmente a los LAJs con salarios más bajos. Una cuestión que los negociadores han rechazado". Para Justicia, la actitud de los letrados ha sido "insólita y contraria a cualquier lógica negociadora". "Cuando uno se sienta en una mesa de negociación debe partir de las demandas inicialmente planteadas y estar dispuesto a hacer alguna concesión", ha considerado el secretario de Estado.

Antes de que concluyera la reunión, los LAJs afirmaron que no abandonarían la mesa de negociación "hasta no alcanzar un acuerdo que resuelva el conflicto" y se mostraron decididos a continuar la huelga indefinida. En una nota difundida esta mañana, tras 15 horas de reunión que se prolongó desde las 17:00 horas de ayer hasta las 8:00 de la mañana de hoy, se ha señalado que desde Justicia no ha habido una oferta concreta -más allá de estudiar la retribuciones de estos funcionarios según los grupos de población y la carga laboral- y han tachado de "desconcertante" que desde las 24:00 horas se hayan sentado en la mesa de negociación, frente a frente, "sin entablar diálogo alguno".

En suma, los dos representantes del ministerio -el secretario de Estado 'Tontxu' Rodríguez y el secretario general Manuel Olmedo- no han accedido por ahora a la dos pretensiones de los huelguistas: el establecimiento de una cláusula de enganche que vincule las retribuciones del sector a la carrera judicial y la reducción de los grupos de población que suponga poner fin a la «discriminación salarial».

Del mismo modo, el comité de huelga requirió expresamente al ministerio que esté presente en la negociación un responsable del Ministerio de Hacienda y Función Pública con «capacidad decisoria», ya que lo consideran imprescindible «para el éxito» de la negociación, según fuentes del comité de huelga. Con esta presencia se viene a reconocer que la llave de la caja la tiene la ministra María Jesús Montero y que Justicia solo puede esperar acontecimientos.

Las consecuencias del paro hasta el miércoles eran de 152.000 vistas y juicios suspendidos, la retención de 560 millones de euros en la cuenta vinculada a procedimientos judiciales, la paralización del registro de unas 120.000 demandas o los dos millones de notificaciones telemáticas pendientes de verificar. Unas labores que dependen en buena medida de los letrados judiciales, quienes desde una reforma de 2009 han asumido hasta «300 tareas más» en los juzgados y tribunales que antes recaían en los jueces.

El contexto de la huelga es el incumplimiento del ministerio de los acuerdos alcanzados en abril, según denuncian. Pero Justicia defiende que la adecuación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 ya supuso una «subida sin parangón» de 195 euros mensuales (2.430 euros al año, un 5% más), que fue cerrada con los sindicatos generalistas, no con los corporativos.

Según el colectivo afectado, sin embargo, un letrado de tercera categoría con siete días de guardia incluidos cobra poco más de 1.800 euros mensuales; los de nueva incorporación, unos 1.500, aunque la media es de cerca de 47.000 euros brutos al año. Sin embargo, esto supone el 65% de los que cobra un juez, unos 74.000 euros, y la exigencia ahora es que aumente al 85%.