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Ángel de los Ríos y AGENCIAS
Málaga
Viernes, 26 de junio 2020, 19:08
El Congreso de los Diputados celebra cada 27 de junio su homenaje a las víctimas del terrorismo una fecha que se conmemora desde 2010, cuando el entonces presidende de la Cámara, el socialista José Bono, lo estableció coincidiendo con el Día de ... las Víctimas del Terrorismo acordado a iniciativa de las asociaciones.
En esa fecha, una niña de 22 meses murió calcinada en un coche como consecuencia de un artefacto explosivo que el Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación (DRIL). El DRIL fue una organización terrorista formada en 1959 por exiliados españoles (sobre todo gallegos) y portugueses para luchar contra las dictaduras salazarista y franquista. El 27 de junio de 1960 se produjo una ola de explosiones: una en el tren correo Barcelona-Madrid, cuatro en estaciones de tren de Barcelona, Madrid y San Sebastián (la del Norte y la de Amara). Dos días después hubo otra explosión en Bilbao (en la estación de Atxuri). En el atentado de la Estación de Amara, la explosión de una bomba incendiaria produjo la muerte de la pequeña Begoña Urroz.
El informe del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo 'Muerte en Amara. La violencia del DRIL a la luz de Begoña Urroz', elaborado por el historiador Gaizka Fernández Soldevilla y el documentalista Manuel Aguilar, esclarecía que Begoña Urroz fue víctima del Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación y no de ETA, como oficialmente señalaron desde el Gobierno.
Fernández y Aguilar, afirmaron en su presentación que el terrorismo ha dejado víctimas con más visibilidad que otras y Begoña Urroz es una de esas menos visibles, porque su asesinato fue durante la dictadura franquista; por ser el DRIL « un grupo pequeño»; y porque no era alguien con «proyección pública». Este informe buscaba «devolverle esa proyección pública», porque «la memoria precisa del reconocimiento público». «Hemos querido aportar nuestro granito de arena en el esclarecimiento de la verdad», expresaron los autores.
En 2011 se aprobó la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que ampliaba el reconocimiento a las personas que habían sufrido atentados desde 1 de enero de 1960, mientras que hasta entonces solo se tenía en consideración a las víctimas a partir de 1968, cuando ETA asesinó al Guardia Civil José Pardines, considerada primera víctima de la banda terrorista.
Tras varios años ubicando este homenaje en distintas salas del Congreso, como la Sala Constitucional o el Salón de Pasos Perdidos, la actual presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, decidió en 2019 darle mayor visibilidad llevándolo de nuevo al hemiciclo.
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