El Gobierno sólo llevará a la Diputación Permanente decretos que pueda sacar adelante

La proximidad de la cita con las urnas no pone precisamente las cosas fáciles a Sánchez en este terreno. Los socialistas creen que Podemos ya demostró en la sesión de control al Gobierno, el miércoles -y previamente, el martes, al torpedear, según el resto de partidos, las negociaciones del Pacto de Toledo- que ha abandonado su estrategia posibilista. La dirección del partido de Pablo Iglesias ha advertido al Ejecutivo que sólo podrá contar con su voto para cuestiones que formaron parte del acuerdo presupuestario que ambos suscribieron el pasado octubre.

Entre los asuntos que están sobre la mesa, y a los que el Gobierno ve posibilidades de éxito, estarían el subsidio para parados mayores de 52 años y las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de personas con dependencia. Pero en el grupo parlamentario apuntan también a la aprobación por decreto la ley de igualdad laboral presentada por el PSOE cuando aún estaba en la oposición y paralizada en la cámara baja. En ella se contemplan multas para las empresas que impidan la conciliación y se insta a empresas a que haya una representación equilibrada de mujeres y hombres en sus consejos de administración desde 2023.

Sánchez también prometió este lunes, en una entrevista en TVE, que llevaría a la Diputación Permanente -el órgano reducido que sustituye al pleno cuando el Congreso está ya disuelto o en periodos inhábiles- un decreto para eliminar algunos aspectos de la reform laboral de 2012. Los socialistas matizan, aun así, que no podrán llegar tan lejos como pretenderían porque no hay mayoría suficiente. De hecho, recuerdan que dos de los partidos que apoyoron la moción de censura contra Mariano Rajoy, el PNV y el PDeCAT, votaron a favor de la norma impulsada por el PP.

El Ejecutivo querría al menos recuperar la ultraactividad, la primacía del convenio sectorial sobre el de empresa y el control horario, asuntos que ya han sido preacordados con los sindicatos. En la dirección del grupo parlamentario socialista, en todo caso, insisten en que la actitud «maximalista» de Podemos quizá lo haga inviable y descartan llevar al Congreso propuestas solo para que los partidos «se retraten».

La oposición ya ha acusado a Sánchez de electoralista y de mala praxis parlamentaria. Incluso algunos socios del PSOE dispuestos a secundarlo en su plan, como Compromís, admiten que llevar decretos al Parlamento cuando prácticamente está en funciones es poco estético (pero legal). Por eso los socialistas juzgan inconveniente apostar por asuntos que puedan ser rechazados por quienes les llevaron a la Moncloa en junio de 2018. Se ahorrarían una derrota y muchas críticas.