Fue un plante inédito el que el miércoles protagonizaron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera los catorce consejeros autonómicos del PP. Todos ... a una se levantaron de la mesa apenas firmada el acta de constitución de la reunión y dejaron a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, desconcertada y con la palabra en la boca. No quisieron ni escuchar lo que esta tuviera que decir sobre la propuesta de condonación de más de 83.000 millones de deuda autonómica ya acordada con Esquerra Republicana de Catalunya ni expresar formalmente sus quejas. Pero antes de cerrar la puerta, entregaron un escrito con sus razones y sus exigencias. «Ni lo he visto», diría luego aún molesta la ministra.
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Como la Autoridad Fiscal Independiente (Aireff), que trasladó en el cónclave territorial sus peros al plan gubernamental, el PP argumenta que una operación de esa naturaleza solo tendría sentido de la mano de una reforma del sistema de financiación autonómico, que perjudica particularmente a Murcia, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha. Pero el Gobierno ha querido hacerlo así porque la quita forma parte del acuerdo de investidura con ERC y porque asume que poner a todas las comunidades de acuerdo sobre cómo debería cambiar el modelo es misión imposible.
Ahorro, pero no más gasto
Los populares minimizan además las bondades de una condonación que lo que les ahorrará, en realidad, son los intereses que pagan (entre 6.500 y 7.000 millones de euros, según Hacienda). La Airef ya ha advertido de que esos intereses no computan en la regla de gasto y, por lo tanto, el ahorro no se traducirá en más margen para otras políticas públicas. Por eso el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, arguyó el viernes que lo que necesitan es «dinero contante y sonante» y por eso, entre los asuntos que los consejeros del PP reclamaban en el documento que dejaron a Montero, estaba la exigencia de actualizar los anticipos a cuenta del sistema de financiación, que es lo que el Estado reparte por adelantado a las comunidades en función de las previsiones de recaudación de impuestos para el año y constituye el grueso de sus recursos disponibles.
El Consejo de Ministros ya aprobó esa actualización, pero la incluyó en el real decreto ley ómnibus, que Junts y el PP tumbaron el pasado 22 de enero, entre más de 80 medidas de lo más dispar. Tras pactar con Puigdemont, el Gobierno recuperó la parte social de la macronorma, revalorización de las pensiones incluida, pero no los anticipos a cuenta, que los posconvergentes supeditan a la negociación del concierto fiscal para Cataluña.
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El Ejecutivo sostiene que el PP solo tiene que garantizar que apoyará un real decreto ley con las cuantías, muy similares a las de 2024 como consecuencia de la prórroga presupuestaria. Alega que no puede fiarse de los populares, que votaron contra una senda de estabilidad que concedía mayor margen de déficit a las autonomías a costa del Gobierno. «Que lo pidan», exigen fuentes cercanas a la vicepresidenta.
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