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paula de Las Heras
Jueves, 19 de octubre 2017, 00:35
No tenían grandes esperanzas y, aún así, Gobierno y PSOE hicieron ayer un último esfuerzo para convencer a Carles Puigdemont de que existe una forma fácil y sencilla para reconducir la situación y evitar que, por primera vez en democracia, se aplique el artículo ... 155 de la Constitución: la convocatoria de elecciones autonómicas. Ni siquiera tiene por qué anunciarlas hoy. A las 10:00 se acaba el plazo dado por Mariano Rajoy para que la Generalitat renuncie a materializar la independencia, pero eso no significa que de la noche a la mañana Cataluña vaya a amanecer intervenida.
El Gobierno ha diseñado con el PSOEy Ciudadanos los plazos y el alcance de las medidas que será preciso aplicar en Cataluña al amparo del artículo 155 de la Constitución. Y conicide con el primer partido de la oposición (no tanto con Albert Rivera) en un criterio: habrá que ir paso a paso. El portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, lo verbalizó ayer en TVE. «No hay necesidad de echar a correr», dijo. Aunque Rajoy convoque hoy un Consejo de Ministros extraodinario, su propuesta de intervención tiene que pasar por una comisión espefícia en el Senado, que tras oír las alegaciones de Puigdemont (por escrito o a través de un representante) puede darle el visto bueno o modificarla. El proceso completo puede durar varios días y llegar hasta el viernes si la Cámara Alta convoca un pleno extraordinario.
Si, como han dado a entender sus colaboradores, Puigdemont se mantiene en sus trece y hace ver que la secesión sigue su curso, el jefe del Ejecutivo actuará, pero puede pasar todavía otra semana antes de que el Senado dé el visto bueno a las medidas que proponga aplicar para restituir la legalidad en Cataluña. Así que lo que pusieron en manos del presidente de la Generalitat el Gobierno y Pedro Sánchez (que compareció en una rueda de prensa en Bruselas) fue un freno de emergencia que podría ser activado ya o más adelante.
El secretario general del PSOE afirmó incluso que lo mismo da el ‘apellido’ que las fuerzas independentistas quieran poner a esa hipotética cita con las urnas. Esa cuestión es clave porque la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, aprobada por los secesionistas el 7 de septiembre y suspendida por el Tribunal Constitucional al día siguiente, contempla la celebración de unas «elecciones constituyentes» seis meses después del referéndum. Y así como unas autonómicas son vistas por los secesionistas como una «rendición», las otras les permitirían mantener su discurso.
A juicio del líder de los socialistas y de parte del Gobierno, sería siempre un discurso ficticio porque, a diferencia de otras comunidades autónomas, Cataluña nunca ha aprobado una ley electoral propia y sus procesos se rigen por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. De modo que, las llame como las llame, Puigdemont estaría convocando unas elecciones al Parlament conforme a la legalidad vigente; como hizo Artur Mas en 2015 con sus «plebiscitarias».
Algunas fuentes del Ejecutivo advierten, sin embargo, de que las cosas no son tan sencillas. No niegan que unos comicios pueden frenar el 155 pero matizan que todo dependerá de lo lejos que esté dispuesto a llevar Puigdemont su desafío.
El ‘caramelo’ gubernamental, en todo caso, no parece seducir demasiado a la Generalitat. Al menos, de momento. El consejero de Exteriores, Raül Romeva, aseguró a media mañana de ayer que los comicios «no son una opción» para su Gobierno y que no habrá renuncia a la independencia. «La gente ha votado y tenemos que implementar su mandato», insistió también desde la capital comunitaria.
En esta tesitura, todo apunta a que Mariano Rajoy tendrá que hacer frente al vértigo que le produce intervenir la autonomía catalana y adentrarse en un terreno inexplorado por cualquier otro presidente del Gobierno español. Lo hará de la mano de Sánchez –con el que ya se reunió el martes por la tarde– y de Albert Rivera –al que recibió ayer–, pero eso no hace el trago más agradable. Lo evidenció durante la sesión de control al Gobierno al dirigirse al coordinador parlamentario del PDeCAT, Jordi Xuclá. «Deberían hacer un esfuerzo para convencer al señor Puigdemont de que no cree más problemas, si no van a obligar al Gobierno a tomar decisiones que, sin duda –admitió–, sería mejor no tomar nunca».
En el Ejecutivo y en el PSOE saben que aplicar el artículo 155 no será fácil, ni siquiera si se hace de forma limitada. Rajoy y Sánchez quieren evitar que cuaje la idea de que se suspende la autonomía pero distintas fuentes admiten que, como mínimo, habrá que hacerse con el control de la seguridad y de las finanzas. Porque aunque el presupuesto ya está intervenido aún cabe poner bajo la órbita de Cristóbal Montoro la recaudación y los organismos autónomos de la Generalitat.
Existe, además, debate sobre el papel que puede jugar el Parlament, con su mayoría secesionista. Unos sostienen que quedará sin apenas margen para la iniciativa política y legislativa y otros que buscará la desestabilización de la autoridad competente. Pero de lo que nadie duda es de que las calles volverán a calentarse. Y el reto está en evitar que lo que ocurra lleve a una lectura negativa de la comunidad internacional, como ocurrió el 1 de octubre.
Mariano Rajoy y Pedro Sánchez también han unido sus fuerzas en esto y de ahí su empeño en no faltar, respectivamente, al Consejo Europeo y a la reunión de líderes progresistas en Bruselas. El líder socialista ya preparó ayer el terreno. «El PSOE va a defender siempre una respuesta homologable a la de otros países europeos. Cualquiera de ellos, en una crisis semejante –aseguró– aplicaría el 155».
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