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Pedro Sánchez anunció el pasado diciembre en la Conferencia de Presidentes celebrada en Santander que el Gobierno convocaría en enero una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para hablar de la condonación de la deuda autonómica. Su objetivo era tratar de aplacar ... así los ánimos de los presidentes del PP que acudían a la reunión determinados a dejar constancia de su férrea oposición a la concesión de una suerte de concierto fiscal para Cataluña. No le sirvió de mucho y el mes de enero ha pasado sin que la cita se consume. Pero el Ministerio de Hacienda ha remitido hoy a las comunidades una comunicación para que reserven en sus agendas el 26 de febrero.
La convocatoria llega, justamente, quince días después de que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el consejero catalán de la Presidencia, Albert Dalmau, acordaran celebrar, también a finales de febrero, las cuatro comisiones bilaterales entre la Generalitat y el Estado comprometidas por Sánchez a Salvador Illa el pasado noviembre con el objetivo de avanzar en parte de los acuerdos suscritos con ERC para la investidura, como, precisamente, la condonación de parte (un 20%) de la deuda del FLA y la polémica «financiación singular» de Cataluña.
La extensión de la quita a todas las autonomías buscaba en buena medida neutralizar las críticas de los populares al Ejecutivo por sus cesiones al independentismo y no lo ha logrado. Pero el Gobierno sí ha abierto un debate entre los presidentes del PP. Algunos, como la madrileña Isabel Díaz Ayuso, rechazan frontalmente al medida salvo para casos excepcionales como el de la Comunidad Valenciana, sacudida por la dana. Otros, sin embargo, la defienden aunque en general argumentan que debe ir en paralelo a la reforma del sistema de financiación autonómica porque, de lo contrario, será un mero parche.
El encuentro del 26, que irá precedido de una reunión del Comité Técnico Permanente de Evaluación el 12 de febrero, promete ser en todo caso de alto voltaje. El Gobierno acude presionado, por un lado, por Junts y ERC, que exigen avances en el cumplimiento de lo pactado, y por el otro con un PP, al frente de once comunidades autónomas (con la vicepresidencia en el caso de Canarias), en pie de guerra contra el concierto, que también genera rechazo en dos de las cuatro autonomías socialistas, Asturias y Castilla- La Mancha.
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