Sánchez renuncia a subir de inmediato las pensiones y se centra en desgastar al PP

Distintos miembros del Ejecutivo, entre ellos la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, dieron a entender ayer que su intención sí es volver a aprobar vía real decreto ley, no ya esas dos medidas, sino el conjunto de iniciativas incluidas en el texto de 140 páginas y más de cien artículos que tanto PP y Vox como el partido de Carles Puigdemont tumbaron la víspera, aunque sea despiezadas. «No tenemos ningún problema en llevar adelante cuantas iniciativas sean necesarias para que las cosas salgan», dijo la también ministra de Hacienda. Pero no avanzó cuándo ni cómo lo hará.

La subida del precio del transporte público ya se hizo ayer patente para algunos usuarios en determinadas comunidades autónomas –las hay que, por el momento, mantienen la reducción–, pero el primer pago del año a los pensionistas, el de enero, incluirá la revalorización del 2,8% aprobada el pasado 23 de diciembre (6% para las mínimas y 9% para las no contributivas) en vigor hasta anteayer. El recorte vendría en el cobro de febrero, dentro de un mes. Y eso quita en cierto modo a Pedro Sánchez una presión que ahora pretende trasladar a Alberto Núñez Feijóo y Carles Puigdemont.

El presidente –que la víspera siguió desde el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, el pleno que evidenció el abismo de ingobernabilidad al que se asoma la legislatura– aprovechó una comparecencia en Valencia para tratar de remontar el vuelo anunciado, por un lado, una medida tan popular como que el Gobierno asumirá el 100%, y no el 50%, de la reconstrucción de las infraestructuras locales afectadas por la dana del pasado octubre y acusando de hacer una «oposición destructiva» que causa «dolor social» a los partidos que votaron en contra de su real decreto ley ómnibus, especialmente, al PP (a Junts evitó citarlo por su nombre).

Los aludidos se rebelaron contra el argumento. «El Gobierno está bloqueado y lo que pretende ahora es bloquear a España», censuró el líder de la oposición. «Les hemos oído gritar mucho, excitarse mucho. Pero a estas alturas todavía no les hemos visto tomar ninguna decisión», escribió Puigdemont en su cuenta de X. Ambos partidos recriminan al Gobierno que utilice reales decretos leyes, que no se pueden enmendar, para camuflar entre medidas a las que es difícil oponerse, como la de las pensiones, iniciativas que no cuentan con consenso con el propósito de evitarse derrotas parlamentarias; algo que en un momento u otro le han reprochado, en realidad, casi todos sus socios.

El PP cargó inicialmente las tintas en la cesión al PNV de la titularidad del palacete parisino que fue sede del Gobierno vasco en el exilio y ahora ocupa el Instituto Cervantes. Puigdemont habló en genérico de «80 medidas» no negociadas. Pero ayer uno y otro fueron más allá e hicieron obvio su rechazo a una de las iniciativas del decreto que el Gobierno prometió a Podemos a cambio de no tumbar el mes pasado la ley de la eficiencia de la Justicia, la prórroga de un año de la suspensión de los desahucios a los colectivos no vulnerables. El secretario general de Junts, Jordi Turull, la equiparó, de hecho, a «retrasar las desocupaciones delincuenciales».

Este jueves volaron de un lado a otro las críticas por usar a los pensionistas de «rehenes» en una estrategia política de regate corto. De Sánchez a Feijóo, de Feijóo a Sánchez, del líder de UGT, Pepe Álvarez, a PP y Junts, de Puigdemont al presidente del Gobierno... Pero el riesgo que ahora corre el Ejecutivo es el de irritar aún más al líder de los posconvergentes a quienes sigue necesitando si no está dispuesto a convocar elecciones; algo que la vicepresidenta primera descartó de manera rotunda. «El Gobierno va a seguir dialogando –dijo–. Tanto con Junts como con el resto de formaciones políticas, seguimos en el afán de encontrar puntos de encuentro».

Los posconvergentes insisten en que los socialistas no les pueden culpar de lo ocurrido porque «estaban avisados». Hace más de un mes que el expresident lanzó un ultimátum: o Sánchez acepta que el Congreso debata si debe plantear una cuestión de confianza o no podrá contar con ellos. Los socialistas han ido dando largas a la propuesta en la Mesa de la Cámara baja, sin admitirla ni vetarla, con la esperanza de llegar a un acuerdo para que Junts la retirara. Pero ese acuerdo no ha llegado. El pasado viernes Puigdemont advirtió de que congelaba toda conversación ajena a los acuerdos pendientes, entre ellos, la delegación a la Generalitat de las competencias en inmigración y, pese a los intentos del Gobierno, todo sigue igual. «Yo creo que es necesario –reclamó ayer Montero– que todo el mundo recapacite».