El Gobierno arriesga su crédito esta semana con la reforma fiscal y la comparecencia de Ribera

El paquete de impuestos que propone el PSOE, y que suscita divergencias entre los distintos aliados, constituye el preludio de la negociación por los Presupuestos Generales del Estado. La reforma fiscal ha terminado por reventar las costuras del sistema de alianzas en el que Pedro Sánchez apoya su intención de permanecer en la presidencia hasta 2027, a la espera de cómo termine el cónclave de este lunes por la tarde.

Así, el bloque que propició la investidura llega dividido a la reunión de la Comisión de Hacienda. Si las posturas no se mueven –no ha habido señales de ello, al menos visibles, este fin de semana–, el Ejecutivo fracasará en su nuevo intento de someter a votación la reforma necesaria para solicitar antes de fin de año el quinto pago de los fondos europeos, unos 7.000 millones de euros. Aunque Moncloa confía en la flexibilidad de Bruselas, también necesita sacarla adelante para cuadrar sus Presupuestos.

Como en otras ocasiones, el reto principal de la negociación está en la dificultad que el Gobierno tiene para atraer al mismo tiempo a PNV y Junts, por un lado, y a Podemos, EH Bildu y ERC, por otro. Los morados, de hecho, censuran que el Gobierno «negocia primero con los nacionalistas de derechas y luego da por contados el voto del resto». Estrategia que han bautizado como 'malmenorismo'. Insisten en su exigencia de convertir en permanente el impuesto a los beneficios extraordinarios de las energéticas, un asunto en el que Sumar incluso ha cedido para evitar la zozobra de la legislatura. «Es una vía muerta y no se dan cuenta», señalan fuentes cercanas a la dirección del partido que lidera Ione Belarra, que creen que este debate se debe dar en la negociación presupuestaria.

Junts, por su parte, tampoco está dispuesto a mover sus posiciones y defiende que todo lo que se encuentre fuera de lo negociado con los socialistas provocará su ruptura de cualquier acuerdo que ya tuvieran cerrado.

La legislatura ya estaba enfangada, pero las consecuencias de la trágica DANA han terminado por inundar el hemiciclo de lodo, este dramáticamente tangible. En medio de una batalla por el reparto de las responsabilidades políticas por la gestión de la catástrofe, el PSOE registrará este lunes la comparecencia, a petición propia, de Sánchez en el Congreso. Acudirá el 27 de noviembre, casi un mes después de la catástrofe y de que hayan pasado por la Cámara baja los ministros de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, que lo hará este miércoles –se espera un pleno bronco en el que el PP empañará su carrera europea responsabilizándola por actuación de su ministerio antes y durante el temporal–. El cuestionado presidente valenciano, Carlos Mazón, también hizo lo propio en Les Corts el viernes. Sánchez se personará en el Legislativo a dos días del congreso federal del PSOE en Sevilla.

Criticado por el PP por su tardanza en rendir cuentas, el PSOE ha justificado la fecha por la intensa agenda internacional del presidente en las últimas semanas. De hecho, la DANA sorprendió a Sánchez en India. El pasado martes se desplazó a Bakú para intervenir en la Conferencia del Cambio Climático. Este lunes y el martes estará en la cumbre del G20 en Brasil, en los prolegómenos de que Ribera vea fiscalizada su actuación en la DANA por una oposición que busca su cabeza en Europa y de que el Congreso debata y vote el jueves el primer real decreto de ayuda a los afectados de la DANA –que en principio cuenta con el apoyo de sus socios y del PP–. El Senado, además, volverá a acoger la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' con las comparecencias del secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, y del presidente de Correos, Pedro Saura.