El Gobierno acerca a otros cinco presos de ETA en plena negociación presupuestaria con Bildu

El cambio en la política penitenciaria es uno de los ejes que EH Bildu ha puesto sobre la mesa a la hora de negociar su respaldo a las Cuentas. En junio de 2018, nada más ser investido presidente, Sánchez se comprometió a acometer reformas en este terreno con el fin de adaptar la situación al nuevo escenario postETA. Lo ha hecho. Solo hay que remitirse a las cifras: 68 traslados y nueve progresiones de grado. Incluso el Ejecutivo traspasó sus propias líneas rojas. Ha acercado a seis reclusos de la banda a cárceles vascas y a once con delitos de sangre. Pero para la coalición abertzale los movimientos son «insuficientes», y exige al Gobierno central que acabe con la dispersión y que ponga en libertad a los presos de edad avanzada y a los enfermos.

EH Bildu, con sus cinco escaños, está en una posición de ventaja en un contexto en el que la opción de Ciudadanos parece perder terreno frente a la de los socios de investidura, que es precisamente la que defiende Iglesias. Tras la reunión del pasado miércoles con la portavoz de la coalición soberanista en el Congreso, Mertxe Aizpurua, el vicepresidente y líder de Podemos dejó caer que uno de los temas que se abordaron fue la política penitenciaria. Apuntó incluso que existen movimientos en esta materia. Ahora bien, dijo preferir «ser discreto». «Les vi en disposición de negociar. Creo que depende de nosotros, del Gobierno, que haya un acuerdo», añadió Pablo Iglesias.

Lo cierto es que han sido ya varios los gestos que el Ejecutivo central, e incluso el propio Pedro Sánchez, han tenido hacia EH Bildu en las últimas semanas. El viraje se hace más evidente a medida que lo es su debilidad parlamentaria. Ya durante las prórrogas del estado de alarma la coalición soberanista logró un acuerdo para abolir la reforma laboral, después frenado por el propio PSOE. Ahora, con los Presupuestos, la clave está en la política penitenciaria. La semana pasada, el presidente del Gobierno lamentó el suicidio del recluso de ETA Igor González, en una intervención polémica por el lenguaje utilizado, más propio de la izquierda abertzale. Habló de «preso vasco» y de «banda ETA». Nada de terrorista.

Ayer, después de que decenas de personas rindieran homenaje en Bilbao al ex preso Ibon Gogeaskoetxea, Instituciones Penitenciarias autorizaba cinco acercamientos en bloque. Se trata de Juan Carlos Herrador Pouso, Unai Fano Aldasoro, Lierni Armendaritz González de Langarik, Jesús Arcauz Arana y Gorka Loran Lafourcade. Este último fue condenado a 2.775 años de prisión por los 28 kilos de dinamita que colocó en el Intercity Madrid-Irún en la Nochebuena de 2003, mientras que Lierni Armendaritz tiene en su historial delitos de sangre por los asesinatos del socialista Ernest Lluch y los concejales del PP José Luis Ruiz Casado y Francisco Cano. Por su parte, Jesús Arcauz Arana, alias 'Josu de Mondragón', suma más de ciento cuarenta años de condena por varios atentados con explosivos.

«Mientras los terroristas siguen siendo recibidos en la calle como héroes, nuestras víctimas ven cómo los asesinos de sus seres queridos son trasladados a sus núcleos familiares», reprocharon ayer desde la AVT. El colectivo de víctimas pidió al Gobierno que saque la política penitenciaria de la negociación de los Presupuestos y que retome el camino de «la reinserción basada en la colaboración con la Justicia».