Francia trasladará en las próximas semanas a presos de ETA a cárceles cercanas al País Vasco

El acercamiento a las cárceles más próximas al País Vasco es una reivindicación del colectivo oficial de reclusos, el EPPK, algo que defiende también la delegación vascofrancesa encabezada por el ‘lehendakari’ de Iparralde, Jean-René Etchegaray. Este grupo estableció el pasado verano un diálogo directo con el gabinete de la ministra de Justicia, Nicole Belloubet. Los interlocutores vascofranceses celebraron el pasado 27 de diciembre en París la tercera reunión de trabajo con la magistrada Hélène Davo, directora adjunta del ministerio, tras las mantenidas el 10 de julio y el 19 de octubre para fijar la hoja de ruta de las discusiones. A su término, el ‘grupo Etchegaray’ lamentó que «ningún avance significativo» se hubiera producido en los capítulos del acercamiento carcelario y de la retirada del régimen de peligrosidad DPS, equivalente al FIES en España.

La ausencia de frutos inmediatos provocó decepción e impaciencia en los sectores independentistas relacionados con el colectivo ‘artesanos de la paz’, que abrigaban grandes esperanzas de nuevos movimientos tras el éxito de la manifestación celebrada el 9 de diciembre en París con el lema 'Y ahora, los presos'. El compás de espera, que algunos medios próximos al Gobierno francés atribuyeron a dificultades de tipo burocrático, va a verse cerrado en cuestión de días. El portavoz del Ministerio de Justicia, el fiscal Youssef Badr, declaró ayer a este periódico que «están contemplados acercamientos en las próximas semanas, siempre caso por caso».

El goteo de traslados obedece a que las autoridades francesas tramitan las peticiones de manera individualizada sin tener en cuenta las formuladas en un marco colectivo. «El Ministerio de Justicia acaba de recibir demandas individuales y otras deberían llegar», señaló Badr sin entrar en detalles sobre su número y autoría. Todas las solicitudes, tanto de acercamiento como de retirada del DPS (detenido particularmente señalado), «son estudiadas sistemáticamente», siempre que sean personales.

Sin entrar a valorar si la aproximación a las familias es un derecho adquirido, el portavoz ministerial afirmó que «todas las decisiones son tomadas a la vista de los criterios previstos por el Código de Procedimiento Penal». Estos requisitos técnicos incluyen factores como la situación familiar, la duración de la pena que queda por cumplir, el comportamiento del preso o las condiciones de seguridad, que son examinados caso a caso en aplicación estricta de la legislación penitenciaria.

De los 59 presos de ETA existentes actualmente en Francia, solo media docena está pendiente de juicio y debe permanecer en principio en cárceles de la región de París a disposición de los juzgados antiterroristas, centralizados en la capital. Se trata de Mikel Barrios Santamaría –el último en ingresar en prisión tras ser entregado a mediados de diciembre por Alemania–, David Pla Martín, Iñaki Reta de Frutos, Iratxe Sorzabal Díaz, Izaskun Lesaka Argüelles y Joseba Iturbide Otxoteko. Los dos últimos van a ser juzgados por el Tribunal Especial de lo Criminal en una vista programada del 5 al 8 de febrero próximos.

En la cárcel de Mont-de-Marsan, donde han coincidido un máximo de tres presos etarras desde su estreno como destino en 2014, solo figura ahora José Javier Oses Carrasco, que fue trasladado allí el 9 de noviembre último desde el penal de Fleury-Mérogis, situado en la periferia de París. En Lannemezan, establecimiento adaptado a internos de mayor peligrosidad y condenas largas, hay seis reclusos, entre ellos Didier Agerre, uno de los siete beneficiarios de la retirada del DPS.

Esta suavización del régimen penitenciario fue recibida en noviembre como «un primer signo concreto» de sus gestiones por la delegación vascofrancesa interlocutora del departamento de Justicia. La medida también afectó a Jon Bienzobas Arretxe, extraditado a comienzos de año a España para que cumpla las condenas pendientes en la Audiencia Nacional por varios asesinatos, incluido el del presidente en 1996 del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente.