Los fondos europeos permiten al Gobierno activar una inversión pública histórica

Más inversión pública, mucho más gasto social y partidas históricas destinadas a los jóvenes. El Gobierno ha dejado claro que su plan para salir de la pandemia pasa por seguir 'enchufando' recursos a la economía, confiando en que la propia recuperación impida que el déficit se dispare durante los próximos meses.

Los nuevos Presupuestos Generales del Estado se han construido bajo el mayor techo de gasto de la historia: 196.142 millones de euros, que no incluyen los gastos financieros destinados al pago de deuda, créditos o intereses y de los que se restan también algunas transferencias territoriales. Las inversiones previstas superarán los 40.000 millones, sumando los 27.633 millones de los fondos europeos.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue la encargada de presentar ayer estas cuentas «para una recuperación justa», explicando que ese dinero de Bruselas será clave para los planes del Gobierno. Al fin y al cabo, nueve de cada diez euros de los fondos europeos presupuestados se destinarán a inversiones. El gasto social seguirá siendo prioritario para sostener a las familias, con una cifra nunca vista de 240.375 millones de euros (el 59,8% del Presupuesto nacional, que supera los 431.300 millones). El dato sube a 248.391 millones si se suma el dinero europeo.

Entre los detalles de esta partida, una importante novedad: el Gobierno elevará un 2,5% el Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples (Iprem), que sirve de referencia para acceder a las ayudas públicas. Sube también el gasto en pensiones, becas... y sobre todo en vivienda, que sumará 3.000 millones con un incremento del 46%. Este alza tiene mucho que ver con el papel protagonista que la juventud ha tomado en las cuentas públicas. En total, los Presupuestos presentan 12.550 millones de euros en medidas para jóvenes, más de un 80% por encima de los de este 2021.

Destaca el bono de 250 euros para facilitar el alquiler a los jóvenes. Montero detalló que la medida tendrá un coste de 200 millones de euros y se limitará a los alquileres que ronden los 600 euros. Sin embargo, desde el ministerio matizan que ese es el límite de las ayudas incluidas en el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025. Un límite que puede ampliarse, en función de las circunstancias, hasta 900 euros. «El bono no estará limitado por el precio del arrendamiento», aseguran.

Con estas cifras de gasto, resultará crucial aumentar los ingresos para contener un déficit que aún estará en el 5% en 2022. Montero recordó que estos Presupuestos se encuadran en la suspensión de las reglas fiscales de Bruselas. Y confía en que el déficit bajará al 4% en 2023 y al 3,2% en 2024. Esas cifras, no obstante, aún estarán por encima del 3% que exigirá la Comisión cuando vuelvan las normas fiscales.

De momento, el Gobierno prevé un incremento del 8,3% en los ingresos tributarios de 2022 hasta los 232.352 millones. En el IRPF se prevé un alza del 6,7% hasta los 100.132 millones; para el IVA, del 9,5% (75.651 millones) y para sociedades, el 11,8% (24.477 millones). «Se trata de una estimación prudente», asegura Montero, que fía la mejora en todas estas figuras a la recuperación. La ministra, de hecho, mantiene que el PIB crecerá este año un 6,5% y un 7% el próximo, frente al reciente recorte en las estimaciones del INE.

A la espera de la reforma tributaria que empezará a definirse en febrero, los Presupuestos no incluirán ni impuesto al diésel ni grandes modificaciones fiscales. Entre las más relevantes, el tipo mínimo del 15% en sociedades que, sin embargo, no tendrá un gran impacto recaudatorio. En total, unos 400 millones de euros al afectar a 1.070 empresas, una parte muy pequeña del tejido productivo.

Por otro lado, el impuesto de matriculación sí subirá el 1 de enero de 2022, al decaer la suspensión introducida para este año. Las nuevas cuentas también introducen un nuevo hachazo en el límite a las aportaciones a planes de pensiones individuales hasta los 1.500 euros, frente a los 8.000 que había hasta 2020 y los 2.000 de este año. A cambio, se busca incentivar los planes de empleo, elevando el límite de aportación a 8.500 euros al año.