La Fiscalía también quiere acusar a Trapero de rebelión

Con las pruebas recopiladas en la investigación, la Fiscalía cree contar con base para imputar a Trapero el delito de rebelión, castigado con penas de 15 a 30 años de cárcel. Para fijar su postura con rigor ha solicitado una prórroga a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para presentar su acusación. El tribunal ordenó el lunes de la apertura de juicio oral y dio un plazo de cinco días a las partes para que presentasen su escrito de calificaciones, pero los fiscales aducen que necesitan más tiempo para valorar las pruebas recabadas en los interrogatorios de la instructora Carmen Lamela, ahora magistrada del Tribunal Supremo.

La acusación de rebelión para Trapero sería coherente con las peticiones en ese sentido para Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, y cinco de sus exconsejeros, así como para la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y los líderes de la ANC y Ómnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. En el auto de procesamiento se da por probada «sin duda la cooperación» del exjefe de los Mossos en el plan independentista, tanto en el asedio a la Consejería de Economía el 20 y 21 de septiembre como en el referéndum ilegal del 1 de octubre.

La primera acusación de sedición se fundamenta en que los Mossos no impidieron la concentración de miles de personas ante el edificio mientras era registrado por una comisión judicial. Los manifestantes protestaban por la detención de varios altos cargos del Gobierno catalán por preparar el referéndum. En la consulta del 1-O, Trapero está acusado de sedición porque la Policía catalana con un despliegue insuficiente de agentes no impidió las votaciones y permitió la apertura de los colegios electorales. La sedición está penada con entre 10 y 15 años de prisión. El exjefe policial, además, está imputado por pertenencia a organización criminal.

Junto a Trapero están procesados por sedición en el referéndum del 1-O el exsecretario general de Interior César Puig y el exdirector general de los Mossos Pere Soler. Sobre la intendente del cuerpo Teresa Laplana recae la misma imputación por el asedio a la Consejería de Economía.

La Sala Segunda no ha fijado aún la fecha del juicio oral, pero fuentes jurídicas apuntan a que se celebrará después de que el Tribunal Supremo enjuicie a partir de enero a los principales responsables de la causa del 'procés'.