La Fiscalía da un balón de oxígeno a Trapero en su acusación por rebelión

El mayor de la policía autonómica -condición vigente- espera la celebración del juicio contra la cúpula de los Mossos en la Audiencia Nacional. La vista oral no comenzará, lo más probable, hasta que no haya sentencia del 'procés' a la vuelta de vacaciones. Pero de lo que no cabe duda es que el fallo del Supremo tendrá efecto directo sobre la decisión que tome en su día el tribunal de la Audiencia Nacional (su fallo podrá ser recurrido ante el alto tribunal).

La Fiscalía de este órgano central acusa al agente de 54 años de un delito de rebelión y pide para él 11 años de prisión. Una solicitud más baja que la de los dirigentes políticos juzgados en el Supremo. La razón es que los acusadores le consideran un «mando subalterno» de los graves hechos acaecidos en Cataluña en 2017 y no le imputan malversación de caudales públicos.

En el escrito de la Audiencia, los fiscales Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubira relatan el «relevante» papel de los Mossos y su capacidad «intimidatoria» al servicio de los fines independentistas. Un destacado protagonismo durante los «actos de violencia» que tuvieron lugar entre el 20 de septiembre y el 1 de octubre.

Aseguran que su actuación fue «imprescindible» para favorecer la consulta, suspendida entonces por el Tribunal Constitucional, y añade que llevaron a cabo «funciones impropias» como seguimientos a Policía y Guardia Civil, entorpecer su labor y, en algunos casos, «oponerse físicamente» a los agentes.

Para el departamento dirigido por Jesús Alonso no hay ninguna duda: Puig, Soler y Trapero «se sumaron al plan secesionista» y pusieron al cuerpo policial a disposición de los líderes secesionistas. En el caso del mayor, «diseñó de forma deliberada» un operativo para el 1-O ('plan Ágora') para que sus agentes no cumplieran con el mandato judicial de impedir la votación. «No solo omitieron toda actuación tendente a evitar la celebración del referéndum, sino que se pusieron al servicio del plan secesionista», afirman. Y concluyen que los mandos de los Mossos y el entonces consejero de Interior Joaquim Form, acusado de rebelión en el 'procés', idearon «conjuntamente» los pasos a seguir.

Pues bien, a este relato indiciario de la Fiscalía de la Audiencia Nacional le ha surgido una fisura abierta por sus colegas del Supremo. En el citado escrito de conclusiones, una vez valorada la prueba del juicio, señalan que las autoridades del Estado presentes en las reuniones previas al 1-O solicitaron al Govern y a los Mossos que acataran la legalidad, los mandatos del Constitucional y desconvocaran el referéndum.

Estas advertencias calaron en Trapero, que el 26 de septiembre manifestó al entonces presidente Carles Puigdemont y a su consejero Forn «su preocupación» por la celebración de la consulta. Dos días después, el mayor y los comisarios Ferrán López, Carles Molinero, Emili Quevedo y Manel Castellví fueron más allá y pidieron otro encuentro con ellos. Exigieron que estuvieran presentes, ademas, Oriol Junqueras y Carme Forcadell como presidenta del Parlament (al final no acudió).

En dicha cita transmitieron que era «altamente probable» que hubiera violencia y les pidieron suspender el referéndum, concluyeron los fiscales del Supemo en cotraposición a la tesis de sus compañeros de la Audiencia, para quienes Trapero no hizo nada nada para evitarlo. Pese a ello, Puigdemont siguió adelante y dio instrucciones para que facilitaran su realización, algo que los mossos negaron en el juicio del 'procés'.