Delgado se hace con Memoria Democrática pese al rechazo de la mayoría de los fiscales

Durante el tensísimo Pleno del Consejo Fiscal celebrado este jueves, Álvaro García Ortiz hizo oídos sordos a las críticas de siete de los doce miembros del órgano de gobierno a la polémica propuesta de nombramiento. Un cuestionamiento que va desde la falta de experiencia de Delgado para el puesto al conflicto de intereses que supone ser la pareja sentimental del exjuez Baltasar Garzón, ahora dedicado a su labor como abogado de Derechos Humanos.

De nada sirvieron los encendidos discursos en contra de la designación de Lola Delgado de los seis representantes en el Consejo de la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales (AF) y del miembro de Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Los siete, finalmente, se negaron a tomar parte en una votación que, en cualquier caso, no iba a ser vinculante.

Los siete insistieron en la falta de idoneidad de Delgado (exdiputada del PSOE y ministra de Justicia de Pedro Sánchez entre junio de 2018 y enero de 2020) para encabezar una fiscalía especial que va a supervisar la aplicación una de las leyes estrellas del Gobierno que se encamina al 23-J. También abundaron en el argumento de que la exfiscal general del Estado no es, ni mucho menos, la mejor preparada en Derechos Humanos, ya que hay perfiles -como el de Carlos Castresana, excandidato a fiscal jefe de la Corte Penal Internacional y fiscal del 'caso Pinochet'- a los que los opositores creen mucho más aptos para ese puesto.

Igualmente plantearon la mala imagen para la institución que supondría que el fiscal general del Estado imponga la designación de su amiga y excompañera en la Unión Progresista de Fiscales (UPF), cuando fue ésta la que el pasado julio, cuando abandonó la Fiscalía General del Estado por motivos de salud, aupó al propio García Ortiz como máximo responsable de la institución. Un ascenso al que éste correspondió nombrándole fiscal de la Sala Militar del Supremo, una designación igualmente polémica y que ha sido recurrida. También se escucharon en el pleno del Consejo Fiscal intervenciones que recordaron que Delgado apenas lleva desde septiembre en el Supremo y que ni siquiera habría logrado asentarse en el puesto.

Los siete críticos también afearon el hecho de que el pasado enero Delgado asumiera 'de facto' -vía decreto- las funciones de fiscal de Memoria Democrática, participando codo con codo en varios eventos de defensa de Derechos Humanos con Garzón. El magistrado es también ahora empresario como administrador único del despacho Ilocad.

El fiscal general, como ya hiciera el año pasado cuando colocó a su antecesora en el Supremo mejoramdo su posición en el escalafón, finalmente tiró de galones e impuso su criterio sobre el de la mayoría, tal y como le permite el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Tras el boicot de siete de los doce vocales, Delgado solo contó con el apoyo de los dos miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), de la que ella fue dirigente, y de los tres cargos designados por la propia Delgado: la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde; la inspectora jefe de la Fiscalía, María Antonia Sanz; y García Ortiz.

La esperada imposición del nombramiento de Dolores Delgado acabó de dinamitar las costuras de un Consejo Fiscal que ya venía renqueando desde hace meses por los supuestos «discrecionales» nombramientos por García Ortiz de fiscales colocados en puestos menores del escalafón para jefaturas del Ministerio Público. La decisión del fiscal general de adelantar el pleno para designar a Delgado como fiscal de Memoria Democrática, una vez que Pedro Sánchez adelantó las elecciones al 23 de julio, enrareció todavía más el mal ambiente en la carrera, que ha vivido en su mayoría, con mucho enfado, la negativa de García Ortiz de no posponer el pleno de hoy o de haber usado los canales de comunicación de la Fiscalía General para atacar a algunos de sus antecesores.

Su controvertida propuesta deberá ser elevada ahora al Consejo de Ministros. Si el Gobierno atiende la petición del fiscal general, algo que está garantizado, tendrá que materializar el nombramiento en pleno periodo electoral.