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El Consejo de Ministros extraordinario convocado para aprobar la entrada en vigor de un nuevo estado de alarma ha concluido este domingo tras dos horas y media de deliberaciones. Se trata de una fórmula para dar cobertura legal a las medidas de las comunidades autónomas ... para frenar la expansión de la segunda ola del coronavirus. El nuevo estado de alarma ampara el toque de queda desde las once de la noche hasta las seis de la mañana para los próximos 15 días. El toque de queda es obligatorio para toda España, excepto Canarias, aunque deja a las comunidades autónomas la potestad de retrasar o adelantar su activación una hora respecto a esa franja.
Las autonomías, según ha dicho Sánchez, podrán confinar su territorio completo o el de un «ámbito territorial inferior», decisión que deberá tomarse con «sentido común» para que se permita actividades como la de acudir al médico, al trabajo o al centro educativo.
De la misma forma, las autonomías podrán limitar la permanencia de personas en espacios públicos o privados hasta un máximo de 6 personas, como ya viene ocurriendo en la mayor parte.
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Con carácter general, la circulación queda vetada desde las 23:00 hasta las 6:00 en todo el país salvo por la causas especificadas en la norma (comprar medicamentos, ir al trabajo, regresar al domicilio, cuidar a mayores o menores); esta medida excluye a Canarias por sus buenos datos epidemiológicos.
Pero cada comunidad podrá modular la franja horaria y decidir que sea a partir de las 22:00 o a medianoche y hasta las 5:00 o las 7:00 de la mañana, ha aclarado el jefe del Ejecutivo.
Desde la entrada en vigor de la Constitución Española, en 1978, este estado se ha declarado en tres ocasiones. La primera vez se decretó el 4 de diciembre de 2010, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, por una huelga de los controladores aéreos. Las otras dos ocasiones restantes, durante la pandemia por el coronavirus, el 14 de marzo de 2020, que afectó a todo el territorio nacional, y el pasado 9 de octubre, sólo para la Comunidad de Madrid.
En un comunicado en la víspera, el gobierno explicó que la reunión se convoca para «estudiar los términos de un nuevo Real Decreto de estado de alarma». Sánchez «ofreció esa posibilidad» el viernes a las 17 regiones autónomas del país y que «la propuesta fue acogida positivamente por la mayoría» de ellas, explicaba el texto.
Este estado de alarma, un régimen jurídico excepcional, permitiría a las autoridades regionales, competentes en sanidad, adoptar severas restricciones a la movilidad sin temor a que sean tumbadas por un juez, como ha ocurrido recientemente.
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