España ha inmovilizado más de 1.000 millones de euros a oligarcas rusos sancionados por la UE

La última cifra conocida en España en octubre pasado superó la barrera de los 1.000 millones –en total, 1.014–, y fue compartida en la reunión celebrada por el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI) celebrada el pasado 20 de octubre en Luxemburgo. Los JAI son encuentros de los ministros de Justicia y de Interior de todos los Estados miembros.

El debate en el seno de la UE se centra ahora en crear un marco para que estos miles de millones congelados acaben en un fondo destinado a pagar las indemnizaciones por los daños ocasionados por la campaña militar de Vladimir Putin en Ucrania. Para ello es necesario elaborar un «registro de daños» materiales y ambientales para poder llevar a cabo la reconstrucción.

La Fiscalía General española, por ejemplo, ha mantenido reuniones con sus colegas ucranianos para analizar las consecuencias de la invasión rusa en el medio natural. Uno de los episodios más controvertidos fue la destrucción intencionada de la enorme presa de Nova Kajovka, en la región de Jersón, en junio pasado, y las consecuencias para 40.000 afectados por las enormes inundaciones provocadas.

La reparación económica que promueve la UE con las sanciones a personas próximas al Kremlin forman parte de un reto mayor: la creación en suelo comunitario de un tribunal que juzgue los crímenes cometidos por el régimen de Putin. Los socios ya trabajan en un modelo con la Corte Penal Internacional y, a través de la Agencia para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust), los fiscales recopilan indicios desde febrero de 2022 para presentarlos como pruebas de cargo en un futuro procedimiento penal. En España, este trabajo lo dirige la Fiscalía de la Audiencia Nacional en unas diligencias abiertas en marzo de 2022.

La herramienta que ha permitido inmovilizar estos 1.014 millones hasta octubre a oligarcas rusos en España se regula en un decreto ley aprobado en abril de 2022. Se trata de un sistema excepcional para que los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes inmuebles puedan congelar los activos de las particulares sancionadas por la UE, aunque estos hayan recurrido a testaferros o personas interpuestas. En la lista de elementos embargados hay viviendas, locales comerciales, automóviles, aeronaves o yates.

La colaboración policial es fundamental para localizar estos bienes y determinar la existencia de «indicios racionales» de que el verdadero titular de los mismos pueda pertenecer a la camarilla del régimen de Putin. Se quiere impedir, sobre todo, que la invasión militar de Ucrania se financie de alguna manera con propiedades presentes en España. Para ello, se ha puesto el foco en los sistemas financieros usados para las transferencias de bienes por parte de estas personas físicas y jurídicas. Hace un año la lista negra incluía a 144 individuos y 48 entidades.

Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2024 entrará en vigor el duodécimo paquete de sanciones contra Rusia. El objetivo es imponer prohibiciones adicionales de importación y exportación, sobre todo minerales preciados como los diamantes, y luchar contra los mecanismos para saltarse estos castigos. Se incluye, además, una nueva lista de particulares y empresas rusas y se refuerza la vigilancia contra las sociedades instrumentales de terceros países que ocultan bienes sospechosos.

En total se amplía la lista negra a más de 140 personas y entidades sujetas a inmovilización de activos, tales como agentes militares y de defensa rusos, incluidas empresas de la industria militar públicas y privadas. También entran agentes del sector de las tecnologías de la información y otros actores económicos importantes.

Las medidas también se dirigen contra agentes que difunden desinformación o propaganda en apoyo de la invasión rusa y, además, se abre la puerta a la posibilidad de mantener a las personas fallecidas en la lista de bienes inmovilizados para evitar que sus allegados sorteen el embargo.

Ricardo Bocanegra es el responsable de una gestoría ubicada en Marbella. Lleva más de 40 años en la Costa del Sol y es un referente en asuntos de extranjería. Desde su despacho ha visto cómo ha evolucionado la población extranjera en Málaga y, claro está, el ascenso de la comunidad rusa y ahora las consecuencias ordinarias de las sanciones de la UE, que van más allá de los nombres y empresas registrados en la famosa lista negra comunitaria.

«El peor enemigo de los ciudadanos rusos son los bancos. Las sombras de sospecha sobre el capital ruso ha acabado afectando a personas ajenas al tema de Ucrania e incluso repercute en los cientos de españoles que trabajan con ellos. Son muchos los que quieren seguir invirtiendo aquí, pero no pueden abrir una cuenta bancaria ni hacer una simple transferencia. Las sanciones son indiscriminadas, pagan justos por pecadores», relata el gestor marbellí, a quien sus clientes rusos les transmiten su malestar por verse perjudicados teniendo permiso de residencia y nada ver con la invasión rusa en Ucrania.

«El asunto es que los bancos, para curarse en salud, piden justificación por conocer el origen de una transferencia por ejemplo de 40.000 euros desde Rusia; si el emisor ha pagado impuestos allí, si el dinero está declarado… Lo mandan a su asesoría jurídica y puedes esperar semanas para la autorización», ejemplifica Bocanegra, que en su caso trabaja con ciudadanos rusos de clase media-alta y alta; empresarios con buenas inversiones cuyos hijos van a colegios internacionales y no tienen la manera de pagarlos. Tampoco la hipoteca y a su personal doméstico. «Muchos están pidiendo asesoramiento para pedir la nacionalidad de su país de origen: Armenia, Kazajistán, Uzbekistán o si tienen más de diez años aquí la nacionalidad española», comenta.

En el caso de Svetlana Ciliuta es la responsable de una inmobiliaria llamada DC Marbella. «Tras la invasión militar la situación se les ha complicado mucho. Tienen problemas hasta para transferir los gastos de mantenimiento de su comunidad. La última vivienda que vendimos a un cliente ruso fue a través de su hijo con residencia holandesa. Al final acuden al sistema de las criptomonedas, a las tarjetas electrónicas de este activo digital para sortear estas trabas bancarias y poder seguir haciendo su vida normal», relata Ciliuta.