El Gobierno pretende sellar la polémica sobre Ábalos sin aclarar los interrogantes

Cero autocrítica, defensa a ultranza del ministro e intento de reducir su exposición pública. El PSOE trata de pasar página como sea de lo que empezó como un enredo y que amenaza con convertirse en la primera crisis de un Gobierno con solo dos semanas de vida. Ábalos, portavoz de las reuniones de la comisión ejecutiva socialista, fue reemplazado este lunes por la presidenta del partido, Cristina Narbona, para evitar el bombardeo de preguntas sobre un episodio con más oscuridades que luces.

Como suele ocurrir, se buscó al enemigo exterior y Narbona culpó «a la derecha que no admite la derrota» electoral y busca «agendas ficticias» de problemas que no interesan a los ciudadanos. Ábalos, subrayó, ha dado «todas las explicaciones». Le faltó decir «y punto».

El ministro y secretario de Organización del PSOE guardó silencio tras haber manifestado el domingo por la noche en la Sexta que no iba a dimitir. «He hecho un servicio al país», insistió. También ratificó que no se reunió con la húmero dos de Nicolás Maduro, que fue «un encuentro, un saludo» en el que recordó a su interlocutora que «no podía pisar España».

El Ministerio del Interior corroboró este lunes la versión del titular de Transportes de que Rodríguez no entró en suelo español porque no traspasó el control de fronteras. La vicepresidenta venezolana, sin embargo, caminó por Barajas escoltada por policías, tras haber pasado la noche en la sala VIP de la terminal de vuelos privados, para tomar otro vuelo rumbo a Turquía. La Unión Europea, en las sanciones impuestas hace dos años a 25 dirigentes 'chavistas', prohíbe la entrada y «el tránsito» por suelo comunitario. Pero desde Interior apuntaron que «se garantizó que no entrase ni transitase por España».

Para el Gobierno, por tanto, la polémica está zanjada. Pero no lo ven así PP y Ciudadanos. Los populares han elevado el asunto a la UE. El viernes, dirigieron un escrito al Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, en el que preguntan si el paso de la dirigente de Venezuela por España supone un «incumplimiento flagrante» de las sanciones impuestas por las instituciones comunitarias al régimen 'chavista' -algo que dan por sentado- y «qué medidas pueden tomarse» para que no vuelva a ocurrir. Esta iniciativa quedó este lunes enmarcada en una nueva ofensiva parlamentaria contra el Ejecutivo.

En primer lugar, el PP solicitó en el Congreso, junto a Ciudadanos, una comisión de investigación «sobre el estricto cumplimiento de las sanciones adoptadas por la UE en relación con la crisis de Venezuela». En el documento registrado en la Cámara baja, ambos grupos fijan como objetivo analizar el incidente y «determinar la concurrencia de responsabilidades políticas». Pero en el texto también piden revisar algunas «informaciones sobre posibles pagos millonarios del régimen chavista a Raúl Morodo», embajador de España en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero.

Ninguno de los dos grupos cuenta, en todo caso, con mayoría para sacar adelante la propuesta en el Congreso, por lo que ambos requerirán apoyos externos para que prospere. Ciudadanos, además, pretende que en este órgano intervenga Pedro Sánchez. El PP, por otro lado, reclamó la comparecencia de los ministros de Transportes, Interior y Exteriores, y puso el foco en las discrepancias entre el PSOE y Podemos sobre Venezuela. De hecho, tras no haber recibido el jefe del Ejecutivo a Juan Guaidó el fin de semana, el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, concluyó que las decisiones no las toman ya los socialistas.